Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 14 Mayo, 2009


De cal y de arena
Apostillas

Decía don Fernando Castro Cervantes que los venados de su latifundio —la Hacienda Coyolar, en Orotina— eran tan nerviosos que hasta de sus propios pedos se asustaban. No nos asustemos los ticos, como esos venados, si se llega a demostrar que Costa Rica es miembro de la Corte Centroamericana de Justicia, no precisamente por imposición arbitraria de terceros países sino por decisión —afortunada o no— del gobernante de turno que en su momento firmó el acta de su constitución. Costa Rica signó y ratificó el Protocolo de Tegucigalpa con el que se introducen diversas reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y se da vida al Sistema de Integración Centroamericana, del que somos parte. El artículo 12 del Protocolo instituye la Corte Centroamericana de Justicia, cuyo estatuto operativo fue adoptado en la XIII Cumbre de Presidentes realizada en Panamá el 12 de diciembre de 1992. Aunque está pendiente de ratificación legislativa aquí, Costa Rica no hizo reserva o salvedad alguna. El punto en debate es si desde que Costa Rica firmó y ratificó mediante ley el Protocolo de Tegucigalpa (en uno de cuyos artículos se crea la mentada Corte de Justicia) ya somos parte de este Tribunal o si en tanto no hayamos ratificado el Estatuto no lo somos. Un detalle interesante es que cuando nuestra Sala Constitucional evacuó la consulta preceptiva de constitucionalidad sobre el CAUCA III, los Magistrados dijeron que las dudas de legalidad derivadas de este deben resolverse ante los órganos comunitarios (léase Corte Centroamericana de Justicia). No nos asustemos si la disputa de este punto que se halla en sede judicial, se resuelve confirmando que sí somos parte de la Corte y que la ratificación del Estatuto es un acto derivado aparte, aún pendiente, mas no suficiente para alterar lo preceptuado por el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa. Todo un tema de trascendencia jurídica y política a resolver en fecha no lejana.

Quiso hacer una gracia y le salió un sapo. El diputado José Luis Vázquez no dudó en tumbarse al suelo el 1º de mayo para lustrar algunos pares de zapatos y recordar que en sus años mozos fue limpiabotas. En su caso, el gesto no pasó como un homenaje a un noble oficio pero sí puso de manifiesto el paralelismo de lo que ha sido el paso de Vázquez por la Asamblea Legislativa, más cerca de sus conveniencias personales y con total ausencia del rol de contralor que le corresponde a un diputado de oposición, y que implica necesariamente mantener distancia e independencia respecto a los órganos y funcionarios sometidos a su control político.

O por carecer por completo de políticas en la materia o por ceder a la presión de ellos, los anuncios del gobierno de regular los monopolios privados que tanta distorsión están causando en los precios de innumerables bienes y servicios, se tornaron en paja. Bastó que la inflación local esté abajo del 10% anual (más que por una parsimoniosa gestión gubernamental, por la caída del petróleo, de los “commodities” y del consumo), para que el gobierno hiciera las de Poncio Pilatos y dejara intocables los artilugios que restringen o manipulan los precios.