U privadas dan lucha

Apertura médica está en estudio

Última palabra será de la Sala IV

La decisión de que las universidades privadas acreditadas puedan formar a especialistas médicos recaerá en la Sala Constitucional, que desde hace más de un año acogió una acción interpuesta por la UCIMED.

Si la Sala da con lugar la acción, la Caja deberá abrir los convenios con las universidades privadas que deseen participar de la formación de médicos en varias áreas de la salud.
Por el contrario, si la rechaza, enterraría para siempre esta posibilidad y sería la UCR la única con facultad de graduar especialistas, pese al faltante de estos médicos que ha persistido.
Actualmente la acción está en análisis por el magistrado Ernesto Jinesta, tras llamar a audiencia a la Procuraduría de la República y a la Caja.
La solicitud ante la Sala IV se dio con la intención de declarar inconstitucionales cuatro artículos del reglamento que regula la relación del residente y su compromiso como especialista en ciencias de la salud con la Caja, por medio del sistema de posgrados de la Universidad.
Los artículos serían contrarios a la Constitución Política, al presuntamente discriminar a las universidades privadas que tienen escuelas de medicina, y por exigirles un convenio previo con la Caja como requisito para impartir especialidades.
En el documento que da curso a la acción, se especifica que tanto la UCR como las universidades privadas tienen la misma situación ya que son reconocidas por los órganos estatales, como el Sistema Nacional de Acreditación.
Además indica que la discriminación no estaría justificada pues no existen criterios objetivos que permitan determinar un trato presuntamente discriminatorio a favor de la UCR.
También aclara que la autorización a las privadas podría resultar beneficiosa para la Caja y el país, pues algunos centros universitarios podrían realizar convenios con entes extranjeros para mejorar la calidad de la enseñanza.
No existe de momento ningún estudio técnico ni jurídico que establezca que solo la UCR tiene la capacidad de brindar cursos de posgrado en medicina en las instalaciones del Seguro Social.
Las normas impugnadas también violentarían el principio constitucional que obliga al Estado y a sus instituciones a promover e incentivar la enseñanza privada a todos los niveles, adujo Jinesta al aceptar la acción para su análisis.
De manera extraoficial se conoció que ya han existido algunos acercamientos entre funcionarios de la Caja con miembros de universidades privadas, para valorar abrir la formación de especialistas a estos centros de estudio.

Angie Calvo
acalvo@larepublica.net