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Al menos 12 desarrolladores presentaron recursos en procura de continuar con las construcciones
Apelaciones acechan al Tribunal Ambiental

• Quinta barrida ambiental programada para setiembre será atrasada al menos un mes

Ernesto José Villalobos
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Al menos 12 de las 40 medidas cautelares dictadas por el
Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), en contra de proyectos inmobiliarios y turísticos, han sido apeladas mediante recursos de revocatoria.
Esta cantidad de apelaciones afecta las labores habituales del Tribunal, dada la prioridad que debe darles a los recursos que se presenten, según el debido proceso.
A raíz de ello, la quinta barrida ambiental que estaba programada para la primera semana de setiembre, será atrasada al menos un mes.
“La capacidad operativa del Tribunal nos venía permitiendo atender las denuncias, y programar muy bien las barridas ambientales. Tener que priorizar en los recursos revocatorios frena el ritmo que traíamos y por lo tanto tendremos que reacomodar los programas de trabajo”, explicó José Lino Chaves, presidente del TAA.
Las medidas han sido el producto de las cuatro barridas ambientales llevadas a cabo por el órgano contralor ambiental en Guanacaste, el Pacífico Central, la zona Caribe y Osa de Puntarenas.
El 70% de estas medidas ha paralizado total o parcialmente desarrollos inmobiliarios y hoteles.
A finales de la semana anterior, funcionarios del Tribunal Ambiental debieron apersonarse a la zona de Santa Cruz, Guanacaste, para llevar a cabo la inspección correspondiente a las apelaciones de los proyectos Sea Breeze Mountain y Complejo Villas Mediterraneus.
De los recursos planteados, seis corresponden a la zona de Guanacaste, cuatro a Limón y dos a la Fila Costeña de Osa.
“Los casos detectados en las barridas son apenas una muestra de los problemas ambientales que se están produciendo en el país y constituyen una alerta para que hagamos un esfuerzo de control que revierta esta tendencia”, afirmó Chaves.
En los casos de apelación ya inspeccionados, las medidas se sostienen y no habrá marcha atrás en la paralización de las obras. “A través de la visita que se hizo a los complejos situados en Santa Cruz, se corroboró que lo contenido en los informes originales, es cierto”, agregó el presidente ambiental.
Parte de los argumentos expuestos la semana anterior en el planteamiento de los recursos, aseveraban que las apreciaciones de los jueces ambientales eran “exageraciones”.
En el caso del complejo Sea Breeze, se proyectaba la construcción de 212 casas, dos condominios con casi 70 apartamentos, un hotel restaurante, dos canchas de tenis y una de golf.
Por su parte, el proyecto Mediterraneus contemplaba edificar 52 apartamentos de lujo.
En respuesta a las apelaciones el órgano contralor solicitó al Ministro del Ambiente que aumentara el presupuesto operativo, ante lo cual —y de acuerdo con información en poder de LA REPUBLICA— para el periodo 2009 los jueces ambientales contarían con seis plazas más.
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