Rodolfo Piza

Rodolfo Piza

Enviar
Miércoles 27 Julio, 2016

Con cerca de $300 millones, cientos de miles de guanacastecos garantizarían su abastecimiento de agua potable. El problema no es tanto la ausencia de fondos, sino de decisión y de miopía ambiental

Anexión y recuperación de la esperanza

La decisión de los habitantes del Partido de Nicoya (que en ese entonces incluían las poblaciones de Santa Cruz y luego de Liberia —denominada Guanacaste), de optar por la Anexión a Costa Rica, enriqueció grandemente a Costa Rica, al incorporar un territorio rico, unos paisajes incomparables, una cultura propia y unas gentes recias, sagaces, trabajadoras y alegres.

El Partido de Nicoya y Guanacaste también ganaron en el proceso. Por lo pronto, evitaron la unión con Nicaragua que en ese tiempo y por muchos más en lo venidero, se encontraba al borde de una guerra civil. Y además tomaron la decisión pensando: en las ventajas derivadas del libre comercio con Puntarenas; en la participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantos que se palpan en Costa Rica; en el estado de indigencia en que se hallan los pueblos del Partido; en que el progreso se afirmaría en todos los ramos; en que se crearían “escuelas, tan interesantes a la educación y lustre de la juventud”; en que había identidad de intereses entre ambas partes; etc.

Pero, y ¿si hubieran optado por la independencia? De tiempo en tiempo, algunos guanacastecos no pueden evitar plantearse esa pregunta.

Guanacaste hoy es un territorio que goza de estabilidad política (lo que no es poca cosa) y que, limitadamente, ha crecido en lo económico y social. Se ha convertido en la provincia que es capital del turismo internacional, en pionera de las energías limpias (hidráulicas, volcánicas, eólicas, solares) y ha sido capaz de desarrollar proyectos culturales y de investigación sorteando múltiples limitaciones.

Pero sigue siendo de las provincias más pobres de nuestro país. En todas partes, hay guanacastecos que con dificultades comen. En Abangares hay coligalleros que, en ausencia de concesiones y reglas viables (ambientales y mineras), arriesgan sus vidas y su salud, adentrándose en antiguos túneles de metro y medio de diámetro y centenas de metros de profundidad, para conseguir algunas pepitas de oro que les permitan dar de comer a sus familias.

En la frontera norte y en las costas decenas de miles de personas habitan en precario, sin acceso al crédito, porque la legislación impide garantizar su derecho de propiedad. Hay también pescadores artesanales desprotegidos y arrinconados por regulaciones. En las llanuras hay sabaneros, meloneros, ganaderos, arroceros, cañeros y agricultores, que enfrentan trabas gubernamentales y dificultades económicas por falta de apoyo y de agua.

El desarrollo del turismo se ve limitado por regulaciones crecientes (hay playas donde hace años no se otorga un permiso, ni siquiera para un hotelito). Como en el resto del país, no es la ausencia del agua lo que impide llevarla a los rincones de la provincia; sino la ausencia de acueductos y de proyectos como el de la represa de Río Piedras en Bagaces. Con cerca de $300 millones, cientos de miles de guanacastecos garantizarían su abastecimiento de agua potable. El problema no es tanto la ausencia de fondos, sino de decisión y de miopía ambiental.

Si queremos celebrar la Anexión en grande, debemos garantizar su utilidad y devolver la esperanza a todos los guanacastecos.