La batalla próxima está con el megapuerto de Limón

Amenazas al Estado de derecho

¡¡Se puede hacer mucho con $35 millones!! Con ese monto se podrían construir 15 buenas escuelas o colegios, o unas 150 viviendas para familias con menos recursos, o quizás se podría construir la torre que falta del Calderón Guardia.
Se pagó ese monto como indemnización a la empresa que ganó, siguiendo todos los procedimientos legales, el contrato para construir la carretera a San Ramón, cuando el Gobierno decidió, bajo presión política, no seguir adelante con una concesión.
Ahora se descubre que la carretera, construida por el Ministerio de Obras Pública (MOPT) costará igual o más de lo que cobraba el concesionario, y que los peajes serán los mismos que propuso la empresa indemnizada con los $35 millones.
Lamentablemente hay otros casos, donde el Gobierno pagará indemnizaciones por rescindir contratos firmados. Por ejemplo, la empresa que ganó la concesión en Las Crucitas siguió todos los trámites establecidos por el país cuando comenzó a operar en la zona fronteriza norte, abriendo una mina de oro.
Participó en una licitación, se le adjudicó el contrato, fue refrendado por la Contraloría y aprobado por la Sala IV (Corte Suprema).
El Gobierno pasado, bajo presión política, sucumbió y anunció que no permitiría minería. Se estima que a la empresa adjudicada con la concesión de minería se le tendrá que pagar unos $125 millones; será obligación pagar porque violó el Gobierno un contrato.
El tema no es si la minería es buena o mala para el país, sino si los compromisos legales del Gobierno se cumplen o no. Con este dinero se podrían construir escuelas, viviendas, puentes, y quizás el edificio que tanto necesita la Asamblea Legislativa.
Después viene Harken Energy, contrato para exploración petrolera, Management Training Corporation, contrato para la cárcel en Pococí, y varios más.
Entre todos estos podría estar pagando el país $200 millones en indemnizaciones en un momento cuando hay déficit fiscal, y donde se requiere fuerte inversión en toda una serie de áreas.
Pero el dinero que se está perdiendo por violar contratos legales es solo una parte del impacto negativo de las actuaciones gubernamentales. Mucho más preocupante es que la reputación nacional e internacional del Gobierno de Costa Rica está siendo impactada negativamente. Será más difícil en el futuro buscar socios para proyectos de interés nacional.
La disposición aparente y continua de ceder frente a la presión callejera, sazonada con apelaciones frívolas en los tribunales, otorga fuerza a los grupos minoritarios que se oponen a uno que otro proyecto.
Se va rompiendo el ordenamiento jurídico y documentos legales comienzan a valer solamente el papel en que están escritos. Ahora resulta que la Corte Suprema ya no es “tan suprema”. Es posible apelar decisiones de la Sala IV, cambiando las palabras un poco, en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La batalla próxima está con el megapuerto de Limón. Si los “grupos del no” prevalecen, ¿cuánto tendrá que pagar el Estado en este caso?

Carlos Denton

cdenton@cidgallup.com


 

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