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Solo en 2008 la cantidad de procesos aumentó en un 50%
Ambiente acumula 13 mil denuncias por daños

• Osa en el sur y Santa Cruz en Guanacaste presentan las más graves afectaciones por desarrollo inmobiliario

Ernesto José Villalobos
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Al menos 13 mil denuncias por daños al ambiente han recibido las autoridades encargadas de velar por la protección de la naturaleza.
Durante 2008, solo en Osa se abrió el 56% de los expedientes procesados por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
Situaciones como esta evidencian la vulnerabilidad en la que se encuentran las áreas protegidas del país, especialmente las que presentan algún atractivo para albergar desarrollos turísticos o inmobiliarios.
Al cierre del año, el TAA había procesado más de 460 nuevos expedientes, es decir un 50% más que durante 2007.
“Los casos detectados en las barridas ambientales son apenas una muestra de los serios problemas que se están produciendo en el país y constituyen una alerta para que hagamos un esfuerzo de control que revierta esta tendencia”, afirmó José Lino Chaves presidente del Tribunal Ambiental.
Un 40% de las denuncias que motivan las barridas de control, es generado por personeros del Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac).
Para velar por que no se cometan abusos en los 1,9 millones de hectáreas de tierras protegidas por ley, hay destacados en las 11 áreas de conservación 1.226 funcionarios.
De estos, casi 100 se dedican a labores de oficina, dejando como promedio para cada uno de los empleados del Sinac, casi 1.769 hectáreas que vigilar cada día.
A criterio de los jueces ambientales, buena parte de los problemas que se dan a la hora de hacer el mejor uso de la tierra, obedece a “una falta de orden” en cada cantón.
De las 81 municipalidades que existen, apenas 24 tienen implementado —la mayoría en forma parcial— lo que se conoce como un Plan Regulador.
“Esta situación permite que la explotación de la tierra se haga sin directrices claras de presencia de ecosistemas frágiles, delineamiento de áreas protegidas”, insistió el juez.
De los planes vigentes, ninguno regula las zonas en las cuales han tenido mayor actividad los procedimientos ambientales de control.
“El ordenamiento del uso de la tierra recae en forma directa sobre los gobiernos locales; esto quiere decir que ante la ausencia de un Plan Regulador las decisiones son tomadas por políticos, los cuales no atienden ningún criterio técnico, y mucho menos ambiental”, explicó Fabio Molina, presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam).
En este momento, el apoyo de programas como el de Planificación Regional Urbana del GAM (Prugam) y de instituciones como el Ifam, permite proyectar un aumento de casi un 60% en el número de planes reguladores que entrarían en vigencia, antes de que finalice 2009.
En total, en 2008
los jueces ambientales dictaron sentencias que impusieron multas por más de ¢7 mil millones; parte de los cobros obedecieron al trámite de 1.055 resoluciones en casos que se venían trabajando.
Aunque difícil de creer, las posibilidades que abre el debido proceso a quienes infringen las leyes ambientales permiten d
emorar una sentencia por meses.
En junio de 2008 cinco desarrollos inmobiliarios localizados en el Cantón de Osa, en el sur del país, fueron paralizados tras dictarse medidas cautelares por el TAA.
En esa oportunidad se comprobó la existencia de construcciones sin permiso en parcelas de interés social, movimientos de tierra que impactaban directamente al Parque Nacional Marino Ballena, canalización de quebradas, invasión de zonas de recarga acuífera y lotificación en zonas de pendiente prohibidas por ley, todo en medio de un área de conservación nacional.
A pesar de las medidas tomadas por los jueces ambientales, en noviembre de ese mismo año las obras habían continuado.

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