Álvaro Ramos: “Nunca habrá votos del PLN para levantar derechos constitucionales”
Históricamente, las fuerzas del orden han logrado resultados mediante el diálogo y el respeto a la institucionalidad, según líder del PLN
Ante la polémica generada por la propuesta de Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, de suspender garantías constitucionales en zonas de alta criminalidad, Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), fue enfático en su rechazo.
“Nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con la suspensión de garantías individuales. Nuestro partido no lo apoyará ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo. Nunca habrá votos de nuestra parte para apoyar una idea así”, aseguró Ramos.
El candidato invitó a imaginar las implicaciones de una medida de ese tipo: “Imagínese a la policía pudiendo entrar a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez. Imagínese a la policía pudiendo prohibirle a usted salir de su casa sin ninguna orden judicial. Y no estoy hablando de no poder salir de la casa en caso, estoy hablando de no poder salir de la casa”.
Ramos destacó que, históricamente, las fuerzas del orden han logrado resultados mediante el diálogo y el respeto a la institucionalida.
“Nosotros siempre hemos podido hacerlo por las buenas, con diálogo, con respeto, con autoridad de las fuerzas y la institucionalidad que ya tenemos. No necesitamos ninguna suspensión de garantías sociales”.
La declaración de Ramos surge en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico en Costa Rica, que ha llevado al país a su tercer año consecutivo con altos índices de homicidio.
De mantenerse la tendencia, el país podría superar los 900 asesinatos al cierre del año; para este lunes se reportaban 709.
Fernández había presentado su propuesta el viernes, argumentando que, en caso de un aumento en los crímenes relacionados con el crimen organizado, solicitaría a la Asamblea Legislativa el levantamiento temporal de garantías individuales para permitir operativos policiales más agresivos en barrios de alta criminalidad.
La iniciativa ha generado rechazo por parte de diferentes sectores políticos y defensores de la democracia, quienes la consideran peligrosa y contraria a los principios constitucionales.