Alto costo del marchamo entraba ley contra fraude fiscal

El temor de que el Gobierno abuse de sus nuevas potestades para cobrar impuestos si se aprueba la ley contra el fraude fiscal, hizo que los diputados desaceleraran la aprobación de este proyecto.
En las últimas dos semanas decenas de mociones fueron presentadas por legisladores del PUSC, el Movimiento Libertario y Alianza Demócrata Cristiana, quienes temen que el Ministerio de Hacienda haga “nuevas jugarretas” como la que hizo con el marchamo 2016.
“Tenemos que ver con lupa y pinzas cada uno de los artículos de la ley contra fraude fiscal, ya que me da mucho miedo lo que puede hacer el Gobierno si le damos más herramientas confiscatorias”, afirmó Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario.
La ley contra el fraude fiscal es una de las iniciativas estrella del presidente Luis Guillermo Solís en la comisión de Asuntos Hacendarios y su objetivo es hacer más ágil los procedimientos de retención de bienes contra los contribuyentes morosos.
Con esta ley, el Gobierno pretende aumentar su recaudación en unos $15 millones mensuales, según lo dicho por Helio Fallas, ministro de Hacienda en varias ocasiones.
Antes de iniciar diciembre, las negociaciones con el PUSC, el PLN y el Movimiento Libertario estaban muy avanzadas, pero el cobro del marchamo se trajo abajo el eventual acuerdo.
Los diputados se quejan de que el Ministerio de Hacienda recalculó el impuesto de la propiedad de los vehículos, aumentando a su vez el marchamo en unos ¢20 mil o más, en relación con el marchamo vigente.
Mientras tanto, el Gobierno niega abuso en el cálculo del derecho a circulación de 2016 para los automotores, aduciendo que todo se hizo conforme a la ley.
En ese sentido, diputados oficialistas como Marco Redondo, piden a sus compañeros no entorpecer el avance de otros proyectos, como el de ley de empleo público y el límite a las pensiones que también fueron convocadas a discusión.
Debido a que el Congreso se encuentra en las sesiones extraordinarias, es el Gobierno el que establece la agenda de debate en Cuesta de Moras, por lo que si se detecta un entrabamiento de la comisión, lo mejor sería retirar la iniciativa de debate y discutir otro plan.
En estos momentos la Sala IV tiene pendientes de resolución una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo sobre el costo del marchamo, asimismo, los diputados pidieron a la Procuraduría un informe sobre la legalidad de las actuaciones del Gobierno en este tema.