Alianza: ¿revolución o gobernabilidad?

Unión de oposición sacude poder político en el Congreso

Alianza: ¿revolución o gobernabilidad?

Para quienes la integran, todo marcha eficientemente; para quienes están fuera de ella, todo está peor

Todo depende del cristal con que se le mire. Hoy ese refrán define la situación del Congreso, luego de tres meses de haberse instaurado la Alianza por Costa Rica en la presidencia de ese Poder de la República.

Para los cinco partidos de oposición que se unieron, la Alianza ha logrado un cambio rápido y drástico en el poder político, una especie de revolución que “vino para quedarse”, encaminando sus pasos hacia una eventual coalición política en 2014.

Tras la finalización de las primeras sesiones ordinarias y extraordinarias de este segundo año de gobierno, la oposición sostiene que la deficiente negociación y el entrabamiento legislativo que se vivieron hace un año bajo la conducción del oficialista Liberación Nacional (PLN) quedaron en el pasado, y que ahora el Congreso retomó la senda del acuerdo y el optimismo.

Por el contrario, el oficialista Liberación Nacional duda del nuevo escenario político y lanza sus dardos. La ingobernabilidad se ha agravado desde que la Alianza surgió y “ahora estamos peor que hace un año”.

La reforma fiscal, la ley de tránsito, la ley de fertilización in vitro y la normativa de contingencia eléctrica, entre otros planes, se encuentran empantanados en la corriente legislativa por las dicotomías y el tortuguismo que promueve la Alianza.

Cada uno los dos bandos consideran tener los argumentos necesarios para sostener su propia explicación de la realidad que vive Cuesta de Moras.

A inicios de mayo anterior, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario, el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio, unieron esfuerzos y votos, con el objeto de desplazar a los liberacionistas del directorio e impulsar su propia agenda de proyectos.

Desde entonces, la aprobación de planes se incrementó, gracias a una mejora en la negociación política, sin importar quién estableció la agenda de discusión, si el Gobierno o el Congreso.

Durante las sesiones ordinarias que se extendieron entre mayo y julio de este año, la Alianza por Costa Rica logró la aprobación de 30 proyectos, mientras que en ese mismo periodo del año pasado, los verdiblancos solo impulsaron nueve iniciativas.

Entre los planes aprobados se encuentran algunos de gran complejidad como el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular China, la ley reguladora del contrato de seguros y varias iniciativas de vivienda.

Asimismo, durante ese periodo las comisiones dictaminaron 74 planes, entre ellos la ley de tránsito y se nombró a Paúl Rueda como magistrado de la Sala Constitucional, designación que estuvo estancada por más de año y medio.

El periodo de sesiones extraordinarias que se extiende durante todo agosto, también dejó un saldo favorable a la Alianza por Costa Rica, pues al 29 de agosto, había aprobado 31 proyectos, contra los 21 que impulsó el Congreso bajo la guía de los liberacionistas el año pasado.

“A pesar de las diferencias en su visión del país, la Alianza ha demostrado patriotismo, no ha buscado obstaculizar proyectos y se ha conducido de manera prudente, con mayor propensión al diálogo”, expresa Víctor Ramírez, analista político.

Por otra parte, el accionar de la oposición al frente del directorio ha permitido una mayor fiscalización administrativa, control político e independencia del Gobierno.

Esto hace que las decisiones administrativas sean tomadas por varios partidos y no por una única agrupación, garantizando de esta forma un sistema de pesos y contrapesos en las decisiones del directorio legislativo.

Sin embargo, una de las consecuencias más importantes radica en que a diferencia de años recientes, el Congreso retomó su independencia y dejó de ser una especie de apéndice del Poder Ejecutivo, explica Manuel Rojas, analista político.

Sin embargo, esto no quiere decir que la Alianza haya sacado al Congreso del atolladero completamente y los primeros en señalarlo son los verdiblancos.

Las diferencias ideológicas y la visión del país que tiene cada una de las bancadas que conforman la Alianza por Costa Rica, complican las negaciones del PLN con dicha unión parlamentaria.

Por ejemplo, la bancada libertaria está en contra de la reforma fiscal, mientras que el PUSC y el PAC, estarían más abiertos a negociar un paquete tributario.

La semana pasada, los libertarios dejaron a un lado la línea de la Alianza en cuanto a la ley antitabaco y la de contingencia eléctrica, lo que generó dudas en los dos frentes.

Si bien es cierto la producción legislativa ha aumentado, esto no quiere decir que “la cantidad sea sinónimo de calidad”, ya que la mayoría de las iniciativas aprobadas son proyectos que tienen relevancia comunal.

“A veces los análisis cuantitativos no reflejan la verdadera realidad. No todos los proyectos pueden ser realmente importantes, así que habría que revisarlo minuciosamente”, indica Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN.

El lento accionar del Congreso para discutir y aprobar un proyecto de ley, también es motivo de crítica por parte de los liberacionistas.

A sabiendas de que este segundo año es el más importante de la administración de Laura Chinchilla, los verdiblancos propusieron una reforma al reglamento legislativo, con el objetivo de establecer plazos de votación a los proyectos de ley.

Sin embargo, los partidos de oposición han negado tal posibilidad, lo cual, se traduce en “tortuguismo”, denuncia el PLN.

Proyectos que son considerados de vital importancia para esta administración han tenido un avance casi inexistente, tal es el caso de la ley de tránsito, la reforma fiscal o la ley de contingencia eléctrica.

En medio de este debate se encuentran los costarricenses, quienes están a la espera de que iniciativas importantes en áreas como economía, seguridad y ambiente, entre otras, logren aprobarse.

earrieta@larepublica.net