Alcaldes arremeten contra zonas francas
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 13 agosto, 2011
Empresas en este régimen tendrían que pagar impuestos, pretenden municipalidades
Alcaldes arremeten contra zonas francas
Es necesario determinar costo y beneficio de exoneraciones, indica Ministro de Hacienda
Horacio Alvarado, alcalde de la Municipalidad de Belén, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de zonas francas, las cuales fueron establecidas para atraer inversión extranjera al país, ya que las empresas que estén bajo este régimen gozan de ciertos beneficios fiscales.
El objetivo del gobernador belemita es que la Sala Constitucional allane el camino para que en el futuro, los ayuntamientos cobren impuestos a las empresas que se benefician con la exoneración del pago de tributos.
La presentación del reclamo se hizo el miércoles anterior por parte de Alvarado y fue firmado por otros 30 ayuntamientos, entre ellos el de Puntarenas, Heredia y Flores.
El argumento de los municipalistas es que en 1998, cuando se aprobó la ley de zonas francas, no se consultó la opinión de los gobiernos locales, como parte del trámite legislativo del proyecto.
Una década después, cuando se venció el plazo de exoneración otorgado a las empresas que están bajo este régimen, el Gobierno extendió la concesión por otros dos quinquenios, nuevamente sin consultar a los municipios.
“De acuerdo con la Constitución Política, los diputados están obligados a consultar el parecer de las instituciones autónomas, en este caso a las municipalidades, cuando se está analizando un proyecto de ley relativo a ellas y eso nunca sucedió”, expresó Alvarado.
En el pasado, los magistrados de la Sala Constitucional han rechazado proyectos de ley, debido a que durante el trámite legislativo los diputados no consultaron a una institución pública u organización, que se vería afectada.
En el cantón de Belén no hay zonas francas establecidas; sin embargo, existen empresas como Intel, “que operan tuteladas por la ley respectiva, lo que les permite no pagar impuestos a las municipalidades”, agregó Alvarado.
Los cálculos de la Municipalidad de Belén estiman que de cobrar gravámenes a dichas compañías, los recursos del ayuntamiento aumentarían en unos ¢2 mil millones, los cuales se usarían para financiar labores sociales, como becas, comedores escolares, sustentar asilos de ancianos, mejorar los parques y otras obras.
La normativa de zonas francas fue aprobada en 1998, con el objetivo de atraer inversión extranjera al país y de esta forma, fomentar empleos de calidad.
Sobre este tema, se trató de conocer la opinión de Alvaro Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras); sin embargo, a través de sus encargados de prensa indicó que no se referirá al tema por el momento.
Esto, porque aún no conoce el fondo de la acción de inconstitucionalidad.
Asimismo, se consultó a la empresa Intel, pero al cierre de edición no dio respuesta.
El miércoles anterior, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, Fernando Herrero, ministro de Hacienda, indicó que era necesario medir costos y beneficios de las zonas francas, porque antes no se había hecho.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Alcaldes arremeten contra zonas francas
Es necesario determinar costo y beneficio de exoneraciones, indica Ministro de Hacienda
Horacio Alvarado, alcalde de la Municipalidad de Belén, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de zonas francas, las cuales fueron establecidas para atraer inversión extranjera al país, ya que las empresas que estén bajo este régimen gozan de ciertos beneficios fiscales.
El objetivo del gobernador belemita es que la Sala Constitucional allane el camino para que en el futuro, los ayuntamientos cobren impuestos a las empresas que se benefician con la exoneración del pago de tributos.La presentación del reclamo se hizo el miércoles anterior por parte de Alvarado y fue firmado por otros 30 ayuntamientos, entre ellos el de Puntarenas, Heredia y Flores.
El argumento de los municipalistas es que en 1998, cuando se aprobó la ley de zonas francas, no se consultó la opinión de los gobiernos locales, como parte del trámite legislativo del proyecto.
Una década después, cuando se venció el plazo de exoneración otorgado a las empresas que están bajo este régimen, el Gobierno extendió la concesión por otros dos quinquenios, nuevamente sin consultar a los municipios.
“De acuerdo con la Constitución Política, los diputados están obligados a consultar el parecer de las instituciones autónomas, en este caso a las municipalidades, cuando se está analizando un proyecto de ley relativo a ellas y eso nunca sucedió”, expresó Alvarado.
En el pasado, los magistrados de la Sala Constitucional han rechazado proyectos de ley, debido a que durante el trámite legislativo los diputados no consultaron a una institución pública u organización, que se vería afectada.
En el cantón de Belén no hay zonas francas establecidas; sin embargo, existen empresas como Intel, “que operan tuteladas por la ley respectiva, lo que les permite no pagar impuestos a las municipalidades”, agregó Alvarado.
Los cálculos de la Municipalidad de Belén estiman que de cobrar gravámenes a dichas compañías, los recursos del ayuntamiento aumentarían en unos ¢2 mil millones, los cuales se usarían para financiar labores sociales, como becas, comedores escolares, sustentar asilos de ancianos, mejorar los parques y otras obras.
La normativa de zonas francas fue aprobada en 1998, con el objetivo de atraer inversión extranjera al país y de esta forma, fomentar empleos de calidad.
Sobre este tema, se trató de conocer la opinión de Alvaro Gutiérrez, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras); sin embargo, a través de sus encargados de prensa indicó que no se referirá al tema por el momento.
Esto, porque aún no conoce el fondo de la acción de inconstitucionalidad.
Asimismo, se consultó a la empresa Intel, pero al cierre de edición no dio respuesta.
El miércoles anterior, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, Fernando Herrero, ministro de Hacienda, indicó que era necesario medir costos y beneficios de las zonas francas, porque antes no se había hecho.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net