Albino Vargas: “Nos quieren aplicar una terapia de choque”
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 10 mayo, 2016
La ley para racionalizar el gasto público se asemeja a una “terapia de choque”, dice Albino Vargas, dirigente sindical del colectivo Patria Justa.
Cambios en los pluses salariales como dedicación exclusiva, anualidades y disponibilidad, así como nuevas reglas para las convenciones colectivas, inquietan al sindicalista, quien ya ordenó sonar los tambores de huelga.
La propuesta en cuestión es parte de una agenda de trabajo que impulsan 34 diputados del PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario y el bloque cristiano en el Congreso, quienes buscan cuatro votos del PAC, para aplicarle una vía rápida y así aprobar esta iniciativa en unos cuantos meses.
¿Qué opina de la ley para racionalizar el gasto público?
Estamos hablando de una terapia de choque, un combo anti trabajador que tiene el potencial de un gran bochinche nacional.
Ya hemos tomado el acuerdo de llamar a una huelga nacional, a la que se unirán los empleados de instituciones autónomas como Recope y Japdeva, con los funcionarios del Gobierno central, las municipalidades y la policía.
Esta ley es una provocación abierta a la confrontación social y nosotros no vamos a rehuir, porque ya estamos cansados de la campaña que nos quiere endilgar la culpa del déficit fiscal. Es mentira que los pluses salariales sean el disparador de este problema del gasto público.
Por otra parte, nos preocupan las reglas fiscales que quieren contener la inversión del Estado en áreas tan sensibles como la educación y la seguridad.
Esas reglas terriblemente extremistas, esconden la verdadera naturaleza de lo que este grupo quiere, que es defender la evasión y elusión de los grandes capitales, las exoneraciones y hasta el dinero de dudosa procedencia.
¿En cuáles aspectos golpearía al trabajador?
Pretenden cercenar derechos como la disponibilidad, la dedicación exclusiva y la antigüedad, haciendo además más compleja la evaluación, con el objetivo de facilitar el despido.
Por otra parte, quieren imponer una cesantía de ocho años y revisar las reglas de las convenciones colectivas de Japdeva, Recope, y otras autónomas que no tienen nada que ver con el déficit.
Parte del plan es limitar el salario de los funcionarios públicos a ¢5 millones por lo que los nuevos médicos, ministros, presidentes ejecutivos o gerentes de instituciones no tendrían sueldos de lujo. ¿Están de acuerdo en eso?
Esa es una buena reforma, pero, ¿por qué hicieron una ley para golpear a los empleados públicos en general? Lo que a mí me parece, es que no quieren quedar mal con el mismo poder político al que pertenecen.
La alianza opositora ha colocado en primer término una supuesta agenda de contención del gasto, antes de aprobar los proyectos de IVA y renta. ¿Es la senda correcta?
Ellos no tienen interés en que el ajuste de las finanzas públicas se haga por el lado correcto, que es atacando la evasión, la elusión y las exoneraciones, sino que se han lanzado a la carga contra los empleados públicos.
El interés del PLN, el PUSC, el Libertario y otros partidos que conforman ese bloque de oposición, es defender los grandes intereses corporativos.
Por el contrario, los sindicatos sí vemos con buenos ojos el establecimiento de un registro de accionistas con beneficiario final, además de nuevas reglas para la renta.
Con todo esto, rebajaríamos un 4% del PIB del déficit y ya no sería necesario un IVA como pretenden, el cual es un impuesto muy regresivo que nosotros adversamos.
En otros momentos se ha hablado de una huelga general en el sector público para protestar por estos mismos temas, pero no ha tenido mayor impacto, ¿será diferente en esta ocasión?
Hay un hastío total por la campaña de acoso en contra de los funcionarios públicos y ya no queremos que nos señalen más como los malos de la película.
Vamos a empezar a llamar a las bases, a unir a todas las corrientes sindicales sin excepción.
¿Qué opina del interés de la alianza opositora de aprobar este proyecto por la vía rápida?
El tiempo apremia. Tenemos que organizarnos rápidamente por las redes sociales, dar a conocer nuestro mensaje entre las bases e incentivar a los trabajadores a informarse sobre este tema.
Vamos hacia un bochinche grande, no sé si la madre de los bochinches, pero sí uno de gran envergadura.
La alianza opositora confía en que algunos diputados del PAC se unan a ellos en esta ley de racionalización del gasto, ¿qué les diría a ellos?
Que tendrían que asumir las consecuencias políticas de lo que se derive de esta ley tan nefasta.