Albergues o ¿prisiones?

La situación en los albergues del PANI es difícil, preocupa que jóvenes con antecedentes criminales y adicción a drogas compartan el mismo entorno con otros menores que no tienen este tipo de problemas.

Preocupa también la violencia con que actúan contra los funcionarios que los cuidan.

Solucionar este situación es un reto. Sentencias y órdenes emitidas por jueces ponen a estos menores de edad con perfiles delictivos en las casas de cuido del Patronato debido a la sobrepoblación en la cárcel juvenil del Zurquí.

Actualmente, existen 41 albergues a cargo de la entidad.

Estas casas está diseñadas para recibir en promedio un máximo de diez menores; sin embargo, en ocasiones deben atender hasta 16, según denuncias de funcionarios de la misma institución.

De esta forma la población total que atiende el PANI es de casi 400 menores de edad en diferentes zonas del país, algunos de ellos con antecedentes de prostitución, drogadicción, violencia, robos y otros delitos.

Amenazas, gritos y hasta golpes son parte de la realidad que enfrentan a diario las personas que trabajan con estos jóvenes en las casas de cuido, la compleja y difícil población que tienen en cada albergue se convierte en una bomba de tiempo cuando los muchachos se salen de control.

Por ejemplo, el pasado 21 de marzo se produjo un incendio en el albergue de hombres ubicado en La Garita, en el hecho se ocasionaron millonarias pérdidas para el Patronato y se tuvo que cerrar la casa. Además, seis de los jóvenes que vivían ahí figuran como sospechosos de provocar el siniestro.

Las riñas a lo interno entre menores por ropa y comida son muy comunes.

Los jóvenes se enfrentan por poder, para ver quién es el más fuerte, para definir quién se queda con la ropa de los otros o quién come mejor.

“El problema es que a estos albergues traen jóvenes que vienen de situaciones difíciles, por ejemplo, una muchacha que trabajaba en la calle prostituyéndose es enviada a las casas del Patronato y comparte con otras menores más tranquilas, que no tienen los mismos antecedentes”, afirmó Albino Vargas, secretario general de la ANEP.

Para solucionar este problema el PANI necesita recibir el 7% completo del impuesto sobre la renta que no ha percibido durante los últimos años.

También se debe crear un centro de atención especializado para estos jóvenes que son enviados por jueces a los albergues como parte de medidas alternativas que faculta la Ley Penal Juvenil.

La primera es la más factible, la Sala Constitucional mediante un voto emitido en marzo le ordenó al Ministerio de Hacienda girar cerca de ¢120 mil millones al Patronato como parte del retroactivo adeudado por el Gobierno a la institución.

Durante varios años, el Gobierno otorgó solo el 1% que le corresponde por el pago del impuesto sobre la renta.

Por otra parte, construir un centro para atender a jóvenes con perfil delictivo es una solución más lejana pero ideal, para enfrentar esta situación.

Recientemente el PANI destinó ¢15 millones para atender a jóvenes con problemas de drogas en Hogares Crea.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net