Aguas contaminadas
| Lunes 02 junio, 2008
Aguas contaminadas
Después de dos años de espera el Gobierno presentó en un acto cerrado al público, su propuesta de “texto sustitutivo” para el proyecto de Ley de Recurso Hídrico.
El presente proyecto de ley urgente para el país fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, desde marzo de 2005 y al final del gobierno anterior se encontraba bastante avanzado en su trámite, sin embargo, la Administración Arias Sánchez lo mantuvo congelado desde el inicio de su gestión, bloqueando sistemáticamente cualquier posibilidad de avance, bajo el pretexto de proponer algunos “cambios” al texto.
En el contexto de las modificaciones más preocupantes introducidas al proyecto, presentado por el Gobierno son los siguientes:
1. Elimina el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, como un derecho humano fundamental.
2. Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, eliminando una norma del texto anterior.
3. Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua.
4. Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente. La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original.
5. Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera calificadas como “vulnerables” por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia.
6. Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al MINAE, para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, designada para velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del MINAE, encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada “Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua”.
7. Restablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta ley.
Costa Rica necesita una nueva Ley de Aguas. Pero una ley que garantice el acceso a este elemento vital para las futuras generaciones y respete los derechos de las comunidades. El proyecto presentado por el Gobierno contraviene frontalmente estos objetivos. Por eso, desde ya la Fracción del Frente Amplio anuncia su rotunda oposición a dicho proyecto y exige que se respete la propuesta consultada con la sociedad civil.
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio
Después de dos años de espera el Gobierno presentó en un acto cerrado al público, su propuesta de “texto sustitutivo” para el proyecto de Ley de Recurso Hídrico.
El presente proyecto de ley urgente para el país fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, desde marzo de 2005 y al final del gobierno anterior se encontraba bastante avanzado en su trámite, sin embargo, la Administración Arias Sánchez lo mantuvo congelado desde el inicio de su gestión, bloqueando sistemáticamente cualquier posibilidad de avance, bajo el pretexto de proponer algunos “cambios” al texto.
En el contexto de las modificaciones más preocupantes introducidas al proyecto, presentado por el Gobierno son los siguientes:
1. Elimina el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, como un derecho humano fundamental.
2. Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, eliminando una norma del texto anterior.
3. Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua.
4. Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente. La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original.
5. Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera calificadas como “vulnerables” por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia.
6. Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al MINAE, para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, designada para velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del MINAE, encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada “Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua”.
7. Restablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta ley.
Costa Rica necesita una nueva Ley de Aguas. Pero una ley que garantice el acceso a este elemento vital para las futuras generaciones y respete los derechos de las comunidades. El proyecto presentado por el Gobierno contraviene frontalmente estos objetivos. Por eso, desde ya la Fracción del Frente Amplio anuncia su rotunda oposición a dicho proyecto y exige que se respete la propuesta consultada con la sociedad civil.
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio