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Multinacionales mantienen suspendida aplicación de reglamento que podría abaratar fertilizantes
Agroquímicos golpean canasta básica

• Un 63% de los químicos que utilizan los agricultores no pueden recibir competencia

Ernesto José Villalobos
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Al menos 196 de los 309 plaguicidas registrados en el país tienen un único oferente registrado; es decir que un 63% de estos productos ocupan un lugar de privilegio en el mercado.
Los estudios económicos confirman que el precio de los insumos agrícolas repercute directamente en lo que les cuesta la comida a los consumidores.
Por ejemplo, el litro de ciproconazol —un fungicida aplicado al café para combatir el ojo de gallo, y que se comercializa como Atemi— tiene un costo de ¢27 mil por litro. Las presentaciones genéricas de esta molécula, que no pueden ser ofrecidas en el país, cuestan ¢12.500 cada litro, es decir casi un 55% menos.
Igual sucede con el insecticida Imidacloprid, cuya marca genérica se consigue en ¢4.400, mientras que la original cuesta un 49% más caro, es decir, ¢9 mil.
Lo que mantiene frenado el registro de cerca de 450 productos genéricos es una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación para la Protección Agropecuaria (Asoproa), contra el reglamento que en junio de 2007 emitieron los ministerios de Salud, del Ambiente y de Agricultura y que regularía el proceso de registro de los agroquímicos genéricos.
“En más de tres años no se ha autorizado ni un solo genérico, dejando a las multinacionales agroquímicas muy contentas con sus prolongados monopolios”, señaló Román Macaya, presidente de la Cámara de Productos Genéricos (Canaproge).
La reglamentación fue el resultado de un proceso consultivo en el cual participaron los productores agrícolas y los agroindustriales, especialistas de los ministerios mencionados, representantes de los productos genéricos y quienes representan en el país a las principales casas productoras de agroquímicos en el mundo, entre ellas, Bayer, BASF, Syngenta, Dow Chemicals y Du West (DuPont en Costa Rica), a través de la Cámara de Insumos Agropecuarios.
“En la minuta de las reuniones que se llevaron a cabo, constan las oposiciones del mencionado reglamento, en el cual no está del todo claro una metodología de registro a través de la cual una gran cantidad de productos de mala calidad podrían ingresar al país”, aclaró José Pablo Sánchez, asesor legal de Asoproa.
“Es muy distinto que se diga que nos oponemos al reglamento completo, cuando la realidad es que nuestra oposición está dirigida a un solo artículo”, finalizó Sánchez.
Los productores agrícolas sostienen que la aprobación del reglamento que permitiría la utilización de los genéricos los llenó de esperanza; no obstante cuando fue objetado ante la Sala Constitucional y más aún cuando esta acogió la interpelación, se sintieron frustrados.
“Si el reglamento estuviera vigente, los agricultores podríamos estar pagando la mitad de lo que pagamos por los insumos, porque habría competencia”, puntualizó Guido Vargas, presidente de Upanacional.
Anualmente los productores agrícolas destinan más de $30 millones, en agroquímicos. Según las cifras de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Con base en las cifras mencionadas, los productores podrían dedicar anualmente unos $15 millones (¢8.250 millones, al tipo de cambio actual), a renovar sus cultivos, ejecutar mejor su comercialización o incluso a patrocinar investigación que pudiera mejorar sus rendimientos.
Durante los últimos años, las complicaciones para la utilización de insumos genéricos se ha tornado más y más complicada.
En 2004, la Contraloría General de la República tomó la decisión de variar los requisitos técnicos para el registro de estos agroquímicos; esto anuló el reglamento existente a la fecha, y más allá aplicó la directriz con carácter retroactivo, lo cual dejó fuera del mercado a una buena cantidad de genéricos.
En forma similar, la comisión nombrada a principios de este año por el Ministro de Agricultura para evaluar la problemática del agro nacional, y que incluía entre sus temas de análisis la definición de un reglamento de plaguicidas, ni siquiera está sesionando formalmente.
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