Afirmaciones desafortunadas
| Martes 16 noviembre, 2010
Afirmaciones desafortunadas
Una vez más, el periódico La República arremete injustificadamente contra la Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla.
En esta ocasión su afán persecutor en contra de la señora Presidenta, los lleva al extremo de tergiversar los hechos en relación con las acciones que esta Administración ha emprendido en torno al conflicto con Nicaragua. La información con que abre el periódico su edición del viernes 12 de noviembre pone en riesgo la defensa de los intereses de Costa Rica.
Ante las imprecisiones y falsedades presentadas por el periódico La República en la mencionada edición me permito aclarar lo siguiente:
1. El dragado por parte de Nicaragua del río San Juan se ha venido anunciando desde la década de los años noventa. Tanto los Cancilleres Roberto Tovar (2002-2006), como Bruno Stagno (2006-2010), enviaron sendas notas a Nicaragua recordando cuales son las obligaciones internacionales que Nicaragua tiene frente a Costa Rica, y en particular, haciendo hincapié que, de acuerdo a lo resuelto en el Laudo Cleveland de 1888 —lo cual fue confirmado por la sentencia de julio de 2009 de la Corte Internacional de Justicia—, Nicaragua no puede realizar trabajos de limpieza del cauce del río San Juan si con ello se causa daño al territorio costarricense, o se afecta el flujo de las aguas del río Colorado.
2. En la presente administración, ante un nuevo anuncio por parte del Gobierno de Nicaragua de realizar trabajos de dragado, el Canciller a.i Carlos Roverssi, envió una nota a su par de Nicaragua en términos similares a las de sus predecesores, pidiendo que se informara sobre dichos trabajos. Dado que el Gobierno de Nicaragua interpretó mal la nota costarricense, calificando que la misma exigía a Nicaragua pedirle permiso a Costa Rica para realizar el dragado, consideré necesario aclararle a Nicaragua que Costa Rica no había exigido ningún permiso, y solo pedía que se le informara sobre las obras en el río.
3. Con la intención de aclarar las intenciones del Gobierno de Costa Rica y sin renunciar al derecho que tiene nuestro país a que se le garantice la no afectación a su territorio, me reuní con mi homólogo, el Canciller Santos, encuentro en el que se dieron las garantías verbales a Costa Rica de que Nicaragua realizaría los trabajos de dragados sin dañar el territorio costarricense. Es en este marco que expresé, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, mi confianza en las palabras de Nicaragua cuando dijo que no dañaría el territorio nacional, sobre la base de las garantías expresadas por el Canciller de ese país. Esas garantías, desde el punto del derecho internacional, tienen igual valor jurídico que si se hubieran dado por escrito.
4. Una declaración en este sentido partía de dos premisas: primero, que las garantías verbales dadas por el propio Canciller de Nicaragua eran serias, y que, tal como el Canciller nicaragüense había dicho, la obra de dragado se haría enteramente en territorio nicaragüense y bajo estándares de protección ambiental aceptados internacionalmente. En ningún momento siquiera se contempló la posibilidad de que Nicaragua pretendiera desviar el curso del río a través de territorio de Costa Rica. Nuevamente, se trata de un escenario muy distinto, que no se puede confundir: no es lo mismo limpiar el cauce del río San Juan que desviarlo, para luego apoderarse del territorio costarricense.
Con base en lo expuesto anteriormente, no existen razones de ninguna naturaleza por las cuales la señora Presidenta tuviera que referirse al tema. Las desafortunadas interpretaciones del periódico La República que sugieren una supuesta aquiescencia costarricense a los daños que Nicaragua pueda generarle a Costa Rica, como consecuencia del dragado, resultan gratuitas e injustificadas. Consecuentemente, deben rechazarse íntegramente, por infundadas por no ajustarse a la realidad de los hechos, las desafortunadas afirmaciones que el periódico La República ha hecho.
La decisión de Nicaragua de violar las garantías dadas a Costa Rica de no dañar su territorio, están fuera del control que una nación civilizada como Costa Rica tiene. Sugerir que ello es consecuencia o responsabilidad del Canciller de la República o de su Presidenta, resulta completamente inaceptable y favorece más bien los intereses del Gobierno de Nicaragua.
Dr. René Castro Salazar
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Una vez más, el periódico La República arremete injustificadamente contra la Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla.
En esta ocasión su afán persecutor en contra de la señora Presidenta, los lleva al extremo de tergiversar los hechos en relación con las acciones que esta Administración ha emprendido en torno al conflicto con Nicaragua. La información con que abre el periódico su edición del viernes 12 de noviembre pone en riesgo la defensa de los intereses de Costa Rica.
Ante las imprecisiones y falsedades presentadas por el periódico La República en la mencionada edición me permito aclarar lo siguiente:
1. El dragado por parte de Nicaragua del río San Juan se ha venido anunciando desde la década de los años noventa. Tanto los Cancilleres Roberto Tovar (2002-2006), como Bruno Stagno (2006-2010), enviaron sendas notas a Nicaragua recordando cuales son las obligaciones internacionales que Nicaragua tiene frente a Costa Rica, y en particular, haciendo hincapié que, de acuerdo a lo resuelto en el Laudo Cleveland de 1888 —lo cual fue confirmado por la sentencia de julio de 2009 de la Corte Internacional de Justicia—, Nicaragua no puede realizar trabajos de limpieza del cauce del río San Juan si con ello se causa daño al territorio costarricense, o se afecta el flujo de las aguas del río Colorado.
2. En la presente administración, ante un nuevo anuncio por parte del Gobierno de Nicaragua de realizar trabajos de dragado, el Canciller a.i Carlos Roverssi, envió una nota a su par de Nicaragua en términos similares a las de sus predecesores, pidiendo que se informara sobre dichos trabajos. Dado que el Gobierno de Nicaragua interpretó mal la nota costarricense, calificando que la misma exigía a Nicaragua pedirle permiso a Costa Rica para realizar el dragado, consideré necesario aclararle a Nicaragua que Costa Rica no había exigido ningún permiso, y solo pedía que se le informara sobre las obras en el río.
3. Con la intención de aclarar las intenciones del Gobierno de Costa Rica y sin renunciar al derecho que tiene nuestro país a que se le garantice la no afectación a su territorio, me reuní con mi homólogo, el Canciller Santos, encuentro en el que se dieron las garantías verbales a Costa Rica de que Nicaragua realizaría los trabajos de dragados sin dañar el territorio costarricense. Es en este marco que expresé, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, mi confianza en las palabras de Nicaragua cuando dijo que no dañaría el territorio nacional, sobre la base de las garantías expresadas por el Canciller de ese país. Esas garantías, desde el punto del derecho internacional, tienen igual valor jurídico que si se hubieran dado por escrito.
4. Una declaración en este sentido partía de dos premisas: primero, que las garantías verbales dadas por el propio Canciller de Nicaragua eran serias, y que, tal como el Canciller nicaragüense había dicho, la obra de dragado se haría enteramente en territorio nicaragüense y bajo estándares de protección ambiental aceptados internacionalmente. En ningún momento siquiera se contempló la posibilidad de que Nicaragua pretendiera desviar el curso del río a través de territorio de Costa Rica. Nuevamente, se trata de un escenario muy distinto, que no se puede confundir: no es lo mismo limpiar el cauce del río San Juan que desviarlo, para luego apoderarse del territorio costarricense.
Con base en lo expuesto anteriormente, no existen razones de ninguna naturaleza por las cuales la señora Presidenta tuviera que referirse al tema. Las desafortunadas interpretaciones del periódico La República que sugieren una supuesta aquiescencia costarricense a los daños que Nicaragua pueda generarle a Costa Rica, como consecuencia del dragado, resultan gratuitas e injustificadas. Consecuentemente, deben rechazarse íntegramente, por infundadas por no ajustarse a la realidad de los hechos, las desafortunadas afirmaciones que el periódico La República ha hecho.
La decisión de Nicaragua de violar las garantías dadas a Costa Rica de no dañar su territorio, están fuera del control que una nación civilizada como Costa Rica tiene. Sugerir que ello es consecuencia o responsabilidad del Canciller de la República o de su Presidenta, resulta completamente inaceptable y favorece más bien los intereses del Gobierno de Nicaragua.
Dr. René Castro Salazar
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto