Advierten de parálisis judicial por pensiones
“Estamos de acuerdo con que se modifique, pero acorde a la aportación que nosotros damos al fondo”, dijo Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Archivo/La República
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Tribunales, despachos y juzgados valoran huelga indefinida

Advierten de parálisis judicial por pensiones

Empleados exigen retiro de reforma a régimen de jubilaciones

Si requiere hacer un trámite en el Poder Judicial es mejor que se apure. Los juzgados, tribunales, despachos y oficinas podrían cerrar en pocos días, por una diferencia en materia de pensiones.
El retiro de un proyecto de ley que pretende modificar las condiciones del régimen sería la única vía para que no haya una huelga indefinida.


Se trata de una iniciativa presentada por el PUSC y que eleva la edad de retiro de los empleados judiciales, reduce el beneficio y establece una contribución solidaria a la cotización.
La reforma se contrapone a una propuesta presentada por la Corte y que es de consenso judicial. Esta incluye un transitorio para exonerar de cambios a los funcionarios con 20 años de trabajo.
“El proyecto del PUSC varía agresivamente el régimen. Estamos de acuerdo con que se modifique, pero acorde a la aportación que nosotros damos al fondo”, dijo Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura.
Los líderes del movimiento se reunirán hoy para decidir las medidas de presión tras el paro realizado ayer, en el que un grupo de funcionarios protestó afuera de la Asamblea Legislativa.
“Si no se retira la reforma vamos a paralizar el Poder Judicial. No tiene proporcionalidad y atenta contra cualquier derecho laboral. Nosotros cotizamos cuatro veces más que la Caja, no defendemos privilegios, sino derechos”, agregó Ingrid Bermúdez, secretaria general de Sitrajud.
La contribución solidaria incluida en el proyecto del PUSC generaría al fondo una inyección de ¢55 mil millones. El aporte vendría de los jubilados actuales y futuros.
Uno de los argumentos del proyecto es que cualquier alternativa menor a la que se propuso sería técnicamente inviable, frente a un déficit actuarial de ¢4 billones.
El fondo es autosostenible hasta 2059 sin ninguna reforma, pero la Supen apunta a un colapso en 2027, según un estudio en manos de la Asociación Costarricense de la Judicatura.
Actualmente, un 1% de los empleados judiciales tiene una pensión entre los ¢4 millones y ¢4,5 millones, mientras que existen seis casos en donde el monto llega a los ¢6,5 millones. El 38% posee una jubilación de ¢500 mil a ¢1 millón por mes.

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María Siu Lanzas
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@La_Republica


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