Advertencias de descalabro fiscal no asustan a diputados opositores

Las advertencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) de que el país entrará en una severa crisis fiscal en unos seis meses, no cambiaron ni un ápice la postura de la oposición en cuanto a la aprobación de nuevos impuestos.
Legisladores del Movimiento Libertario, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana exigen al Gobierno conversar primero sobre los disparadores del gasto y otros temas, antes de debatir los proyectos de IVA y renta que necesita Zapote para recortar el déficit fiscal.
Limitar los salarios en el sector público, así como establecer un monto máximo para las pensiones con cargo al presupuesto, son algunas de las exigencias de esos partidos.
En el caso del Movimiento Libertario, piden también analizar la explotación petrolera en el mar Caribe y el Pacífico, así como la venta de algunos activos estatales, incluyendo bancos, la Fábrica Nacional de Licores y parte de la cartera de clientes del INS, para recobrar liquidez y acabar de una vez por todas con el déficit fiscal.
Mientras tanto, el Gobierno envió una carta a los partidos, en donde les pidió el aval de los proyectos de IVA y Renta entre marzo y abril, es decir, en tan solo tres meses, cuando el Congreso dura dos años en promedio para tramitar un plan.
“Liberación Nacional no está para votar impuestos mientras no haya condiciones adecuadas con la legislación paralela, mientras no se contenga el gasto y mientras no se frenen los viajes”, dijo Rolando González, diputado del PLN.
La crisis que explotaría a mediados de 2016 fue advertida esta semana a los diputados en una serie de reuniones por Helio Fallas, ministro de Hacienda, además de Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial, y Javier Biverinotti, del BID.
En las conversaciones, los personeros de los bancos explicaron que al contar con un déficit estimado del 6,9% del PIB al finalizar 2016 y al fallar las negociaciones con China para acceder a un préstamo por unos $1.000 millones, Costa Rica está en un grave riesgo si no consigue recursos frescos de otras fuentes.
En ese sentido, habría una desaceleración de la economía, un alza en las tasas de interés, más desempleo y fuga de capital, ya que el déficit podría ser de hasta un 8% o un 9% del PIB para los años subsiguientes.
Sin embargo, los legisladores niegan desde ya cualquier responsabilidad en el grave problema que se avecina y señalan a Luis Guillermo Solís por no querer conversar sobre los disparadores del gasto, según alegan.
En ese sentido, recuerdan que Solís impulsó, en dos años de gobierno, presupuestos altamente deficitarios y que en campaña política dijo que el país no necesitaba nuevos impuestos en el futuro cercano.
“Qué lástima que el Gobierno no ha visto esta problemática con seriedad y que más bien ha querido apagar un incendio fiscal echándole gasolina, porque lo que ha hecho es incrementar el gasto público y seguir por el sendero del despilfarro de los recursos de todos los costarricenses. Ahora sí, viene a presionar a los diputados y espero que no le eche la culpa al Congreso del desastre”, dijo Johnny Leiva, jefe del PUSC.