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El caso del precio de los combustibles demuestra que la legislación, su aplicación y uso deben producirse siempre dando a conocer, sin “veladuras” a la población sus fines

Administrar sin artilugios

La alta tasa de impuestos que hay que desembolsar en el país cuando se compran combustibles genera una inconformidad y un continuo malestar en los costarricenses.
Esto se debe a varias razones. La primera, sin duda, el impacto sobre el bolsillo de la población puesto que el aumento en los combustibles incide directamente en el costo de la electricidad y en los gastos del sector productivo que pasará la factura enseguida a los consumidores.
Pero además la molestia se deriva de otros factores que contribuyen bastante a aumentarla. Este es un impuesto variable que se calcula mediante procedimientos engorrosos y de actualización trimestral que sirven a los fines de que el Ministerio de Hacienda asegure una estabilidad en la consecución de la recaudación a pesar de los altibajos en los precios del crudo y de la inflación.
A esto se debe que Costa Rica sea, en Centroamérica, el país con el precio más elevado de la gasolina súper, regular y el diésel. Es decir, es una decisión política sobre un determinado tipo de impuesto.
El otro factor que “engorda” una molestia tornada ya en “obesidad”, es que todo esto se haga sin dar clara explicación a la población de cómo y por qué se aplica el impuesto a los combustibles y, muy especialmente, en qué se invierte o gasta lo recaudado de ese modo.
Esto ocasiona poca comprensión por parte de la mayoría de la población que atribuye a Recope, generalmente, lo que es responsabilidad de la legislación y de Hacienda. Es por esto que la mayoría no está en buena disposición de aceptar el monto del impuesto.
Esta es una falla particular que en buena medida puede generalizarse en el país ya que se practica una supuesta transparencia, para ejercer la administración, basada en muchos casos en artilugios como el antes mencionado, difíciles de comprender por la población si no se explican con suma claridad.
La legislación, su aplicación y uso deben producirse dando a conocer, sin “veladuras” a la población sus fines. Solo así se irá educando cada vez más al contribuyente en la necesidad de aceptar los impuestos en la certeza de que serán bien utilizados y de que siempre se enterará, a priori, de hacia donde se encauzarán los recursos.
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