Acusados serán seguidos con GPS
Silvia Pardo spardo@larepublica.net | Miércoles 30 junio, 2010
Los $40 millones requeridos para comprar dispositivos los aportaría el BID
Acusados serán seguidos con GPS
Propuesta de uso de brazaletes para rastreo electrónico modernizaría la aplicación de medidas cautelares
La ineficiencia demostrada por el sistema de medidas cautelares actuales, una de los cuales obliga a los acusados y condenados a presentarse periódicamente a firmar en un juzgado, abre la puerta al uso de pulseras electrónicas de rastreo mediante el sistema de posicionamiento mundial (GPS, por sus siglas en inglés).
Estas pulseras tienen un dispositivo para localizar al individuo en todo momento y no pueden ser removidas sin que la policía lo advierta.
Para ser realidad, la idea requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, pero el Ministerio de Justicia y parte de los diputados oficialistas la apoyarían.
La intención es reforzar y modernizar las medidas cautelares para localizar efectivamente a personas que se consideran un riesgo, evitando de este modo que eludan a la justicia.
Con este sistema se tendrá un monitoreo electrónico de los individuos a quienes se les coloca el brazalete, que serían los sentenciados con libertad condicional y los acusados de agresión a las mujeres u otro delito que amerite medidas cautelares.
La propuesta sería también una opción frente a la prisión preventiva ya que el ingreso de personas a centros penales aumentó en 2009 un 300%, según el Ministerio de Justicia y Gracia.
La puesta en marcha del proyecto permitiría controlar mejor a los agresores pues actualmente las medidas cautelares incluyen, por ejemplo, firmar cada 15 días en un tribunal. Dicha situación es aprovechada por muchos acusados para desaparecer o agredir nuevamente a la víctima.
La colocación de brazaletes con función de GPS se daría con un financiamiento de $40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Sería una supervisión permanente y las personas que realizarían el monitoreo podrían detectar si el acusado está próximo o violando los límites impuestos. Facilitaría el monitoreo y la respuesta efectiva y rápidamente”, comentó Francisco Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional que impulsa el proyecto.
El costo de administrar estos aparatos es de alrededor de $10 diarios por individuo y la medida solo se podría hacer efectiva con el consentimiento de la persona a la que se le quiera aplicar. A esta se le debería informar sobre las implicaciones de tener el dispositivo y dañarlo o alterarlo con el fin de violar la acción judicial, destacó el diputado liberacionista.
“Me parece que como medida alternativa sí debería ser obligatorio su uso; de lo contrario se debería imponer otro tipo de medida cautelar”, dijo Maureen Clarke, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres.
“Sería un avance y una medida de protección tanto para la víctima como para el acusado, una prevención”, dijo Clarke, quien apoya la propuesta, mientras vaya de la mano con una perspectiva mayor de prevención de la violencia contra mujeres.
Se intentó conocer cuántas personas tienen medidas cautelares al día de hoy, pero la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia señala que no existe una base de datos con esa información; para encontrarla es necesario contactar a cada uno de los juzgados penales del país.
Solo durante el día de ayer, tres hombres a quienes se les sigue causa por los delitos de violaciones y robos agravados, femicidio y homicidio, recibieron prisión preventiva por seis, tres y un meses, informó la oficina.
El uso de GPS como medida cautelar es aplicado en países como Brasil, Portugal, Chile, Colombia y Estados Unidos. Internacionalmente se impone a personas con medidas preventivas como arresto domiciliario, acusados desde delitos económicos hasta pedofilia.
Silvia Pardo
spardo@larepublica.net
Acusados serán seguidos con GPS
Propuesta de uso de brazaletes para rastreo electrónico modernizaría la aplicación de medidas cautelares
La ineficiencia demostrada por el sistema de medidas cautelares actuales, una de los cuales obliga a los acusados y condenados a presentarse periódicamente a firmar en un juzgado, abre la puerta al uso de pulseras electrónicas de rastreo mediante el sistema de posicionamiento mundial (GPS, por sus siglas en inglés).Estas pulseras tienen un dispositivo para localizar al individuo en todo momento y no pueden ser removidas sin que la policía lo advierta.
Para ser realidad, la idea requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, pero el Ministerio de Justicia y parte de los diputados oficialistas la apoyarían.
La intención es reforzar y modernizar las medidas cautelares para localizar efectivamente a personas que se consideran un riesgo, evitando de este modo que eludan a la justicia.
Con este sistema se tendrá un monitoreo electrónico de los individuos a quienes se les coloca el brazalete, que serían los sentenciados con libertad condicional y los acusados de agresión a las mujeres u otro delito que amerite medidas cautelares.
La propuesta sería también una opción frente a la prisión preventiva ya que el ingreso de personas a centros penales aumentó en 2009 un 300%, según el Ministerio de Justicia y Gracia.
La puesta en marcha del proyecto permitiría controlar mejor a los agresores pues actualmente las medidas cautelares incluyen, por ejemplo, firmar cada 15 días en un tribunal. Dicha situación es aprovechada por muchos acusados para desaparecer o agredir nuevamente a la víctima.La colocación de brazaletes con función de GPS se daría con un financiamiento de $40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Sería una supervisión permanente y las personas que realizarían el monitoreo podrían detectar si el acusado está próximo o violando los límites impuestos. Facilitaría el monitoreo y la respuesta efectiva y rápidamente”, comentó Francisco Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional que impulsa el proyecto.
El costo de administrar estos aparatos es de alrededor de $10 diarios por individuo y la medida solo se podría hacer efectiva con el consentimiento de la persona a la que se le quiera aplicar. A esta se le debería informar sobre las implicaciones de tener el dispositivo y dañarlo o alterarlo con el fin de violar la acción judicial, destacó el diputado liberacionista.
“Me parece que como medida alternativa sí debería ser obligatorio su uso; de lo contrario se debería imponer otro tipo de medida cautelar”, dijo Maureen Clarke, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres.
“Sería un avance y una medida de protección tanto para la víctima como para el acusado, una prevención”, dijo Clarke, quien apoya la propuesta, mientras vaya de la mano con una perspectiva mayor de prevención de la violencia contra mujeres.
Se intentó conocer cuántas personas tienen medidas cautelares al día de hoy, pero la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia señala que no existe una base de datos con esa información; para encontrarla es necesario contactar a cada uno de los juzgados penales del país.
Solo durante el día de ayer, tres hombres a quienes se les sigue causa por los delitos de violaciones y robos agravados, femicidio y homicidio, recibieron prisión preventiva por seis, tres y un meses, informó la oficina.
El uso de GPS como medida cautelar es aplicado en países como Brasil, Portugal, Chile, Colombia y Estados Unidos. Internacionalmente se impone a personas con medidas preventivas como arresto domiciliario, acusados desde delitos económicos hasta pedofilia.
Silvia Pardo
spardo@larepublica.net