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Martes 20 Noviembre, 2012

Con esta actuación de la Asamblea Legislativa avisados estamos de que, como en otras tantas ocasiones, nuevamente los señores Diputados obvian la Constitución Política


Acerca de la no reelección de don Fernando Cruz

Quiero reseñar el principal argumento esgrimido por la mayoría de los diputados a la Asamblea Legislativa para no reelegir a don Fernando Cruz y rebatirlo en defensa de la entereza, valía, probidad y congruencia que a él le caracterizan y que se evidencian en las múltiples manifestaciones de quienes lo conocemos y reconocemos.
Y al hacerlo, me topo con la razón de la sinrazón; con una falacia de argumentación y una falacia de apelación de poder (ad baculuum - bastón o garrote) que afirma lo siguiente: “… lo que hicimos fue reivindicar a la Asamblea Legislativa como Primer Poder de la República, haciendo un poco real el refrán popular de decirle a la Sala “zapatero a tus zapateros (sic)…” (La Nación, 16/11/2012, pag. 4A).
Debo expresar que ese “argumento” evidencia la violación al principio de Independencia del Juez, una garantía constitucional en favor de los ciudadanos que como muchas otras los diputados parecen obviar, y que pareciera demostrar en qué lugar (Poder) del Estado radica la “ingobernabilidad del país” y, agrego yo, la “irracionalidad” de la clase política.
Con su decisión, los diputados obvian de manera consciente que el juez jura cumplir y respetar la Constitución Política, obligación que se agranda cuando se trata de un Magistrado de la Sala Constitucional cuya obligación básica y fundamental es velar por el respeto de la Carta Magna y no alinearse a consideraciones político-partidistas, ideológicas o de oportunidad.
Con esta actuación de la Asamblea Legislativa avisados estamos de que, como en otras tantas ocasiones, nuevamente los señores Diputados obvian la Constitución Política
Amparándose en esa irracional interpretación de “ser el primer poder de la República”, los diputados asumen entonces que un Poder (el de ellos) tiene prevalencia sobre cualquiera de los otros que conforman nuestro Estado de Derecho. Aceptar tal falacia implicaría enrumbarnos hacia un sistema dictatorial o autoritario disfrazado de democracia.
De un plumazo, los diputados, en un brutal acto de soberbia, obvian el sagrado precepto constitucional que afirma que nosotros —los ciudadanos— delegamos en ellos el ejercicio del poder por medio del sufragio. Y obvian, también, que por sobre todo funcionario público prevalece la Constitución Política en favor de los ciudadanos; y que es precisamente a los Magistrados de la Sala Constitucional a quienes corresponde la necesaria obligación de señalar cuándo esos funcionarios, incluidos los diputados, violan o transgreden los límites, responsabilidades y competencias constitucionalmente establecidos.
Hoy Costa Rica se exhibe como un Estado que viola el Principio de Independencia del Juez establecido no solo a nivel constitucional sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ante semejante vejamen, la Unión Internacional de Jueces y Magistrados emitió este 15 de noviembre la denominada Declaración de Washington según la cual “… manifestamos nuestro apoyo a la institucionalidad democrática, al equilibrio de los Poderes del Estados y a la no injerencia entre estos y por ello repudiamos la destitución del señor Magistrado Fernando Cruz Castro… sin justificación más que de oportunidad política…”.
El repudio es evidente. Y lo es mayor entre quienes más cerca estamos del Poder Judicial y entre quienes reconocemos las calidades de don Fernando, quizás poco exhibidas por su forma de ser; también lo es entre el ciudadano común ante las actuaciones de la Asamblea Legislativa que contradicen la esencia del ser costarricense. Lamentablemente, como sociedad, aparte de molestarnos y de protestar seguimos en una actitud quejumbrosa, pasiva e irreflexiva. ¿Cuál es la solución inteligente y congruente que los ciudadanos tenemos frente al ejercicio irracional del poder político “en nuestro nombre”? ¿Llegó hora de la elección directa de los Diputados?

Ewald Acuña Blanco
Bufete Acuña & Asociados