Aceptar lo insólito como normal

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La seguridad jurídica que inspiraba nuestro Poder Judicial hace unos pocos años, comienza a mostrar fisuras ante situaciones insólitas que se repiten con inusual frecuencia en perjuicio de los ciudadanos y el sistema mismo

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Aceptar lo insólito como normal

Cuando un pueblo se acostumbra a aceptar lo insólito como normal y cotidiano, cualquier cosa puede ocurrir, pues dejamos de poner atención a señales que indican que comenzamos a transitar por un camino diferente que nos puede conducir al precipicio.

Cuando las señales provienen de las instituciones que sustentan nuestro sistema de vida en democracia y son las que garantizan el respeto a los derechos humanos, es momento de hacer un alto en el camino y exigir rectificaciones, pues las consecuencias pueden ser irreversibles.

La seguridad jurídica que inspiraba nuestro Poder Judicial hace unos pocos años, comienza a mostrar fisuras ante situaciones insólitas que se repiten con inusual frecuencia en perjuicio de los ciudadanos y el sistema mismo.

La inesperada renuncia de la magistrada suplente Ana Eugenia Sáenz, en la Sala III es un hecho preocupante por cuanto en ella había recaído la responsabilidad de redactar el proyecto de fallo en el caso Caja-Fischel. Se convierte ella entonces en el segundo juez que deja inconclusa su tarea en este delicado caso.

Recordemos que por primera vez en la historia jurídica del país, el juez Víctor Dobles fue sustituido después de diez meses de audiencias, a pocas semanas de terminar el juicio, por presentar una contracción muscular. El que termina fallando es un juez que no tomó ninguna decisión en las deliberaciones durante los diez meses que duró el juicio.

En el caso que nos ocupa, el presidente de la Sala III había indicado que el expediente recaería en él o la magistrada suplente, que por rifa integrara la Sala III en sustitución del magistrado Alfonso Chávez. Es así como la magistrada Sáenz está presente durante la vista y le corresponde el estudio y la redacción del proyecto de fallo en el caso Caja-Fischel.

Sin embargo, pasaron más de cuatro meses y el expediente nunca se le asignó como correspondía.

Cabe preguntar entonces: ¿Por qué no se procedió a entregarle el expediente para su estudio tal y como se había decidido antes de la rifa? ¿Existe alguna razón para no haberle asignado el caso como había sido acordado? ¿Qué motivo hay para seguir dilatando este fallo? ¿Qué podrá haber influido para que nuevamente una juez renuncie, en este caso a ser magistrada, cuando le quedaban tan solo unos meses para terminar su periodo?

No es fácil llegar a ocupar este honroso cargo; son años de trabajo, estudio y experiencia; hay filas de abogados en espera de poder llegar a tener este honor. Dejarlo teniendo en sus manos la responsabilidad de redactar uno de los casos más importantes controversiales de la historia de nuestro país, es sorprendente.

Por último y no menos importante: ¿Quién tiene el poder para lograr que dos jueces, de reconocido prestigio e independencia de criterio, renuncien sin ninguna razón válida ni de peso en un mismo caso, constituyéndose este en un hito en la historia legal del país?

No existe antecedente de un hecho tan insólito como peligroso en la historia del Poder Judicial costarricense, la renuncia de la magistrada suplente Ana Eugenia Sáenz representa una segunda señal de alerta de que algo no marcha bien y lo peor que podemos hacer los costarricenses es ignorar el hecho.

El Estado de derecho se ve fuertemente cuestionado cuando ocurren actos donde la transparencia del sistema se ve empañada; cuando surgen dudas sobre la imparcialidad con que los ciudadanos están siendo juzgados; cuando son muchas las irregularidades y constantes las violaciones tanto al procedimiento como a los derechos del individuo.

Todo lo anterior ha sido denunciado en el caso Caja-Fischel y si bien pueden existir criterios diversos en cuanto a este caso no podemos dejar de ver las señales de alerta que por la relevancia del caso son notorias, pero que pudieran igualmente estarse dando en otros casos en perjuicio de la seguridad jurídica de los costarricenses.

Tatiana Salgado Loaiza