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Los casos pasaron de 365 anuales a casi 19 mil en dos décadas, pero la cantidad de magistrados se mantiene en siete
Abuso de recursos ante Sala IV atiza ingobernabilidad

• Abogados defienden importancia del tribunal constitucional y su labor de protección al ciudadano
• Entre las propuestas de reforma están una reestructuración interna, castigar el obstruccionismo y eliminar la consulta legislativa

Eduardo Baldares
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Quienes han trabajado ahí la describen como una especie de sala de urgencias hospitalaria, pero en cámara rápida. Solo que en lugar de doctores y enfermeras quienes van y vienen son abogados y las emergencias no son médicas, sino legales.
A punto de llegar a sus 20 años de existencia, la Sala IV se enfrenta al reto de la modernización en medio de fuertes críticas, no a la institución en sí, sino al abuso que hacen de ella algunos ciudadanos y organizaciones que la utilizan como vehículo de ingobernabilidad.
Para intentar agilizar los mecanismos se han presentado diversas propuestas, desde el establecimiento de sanciones para quienes presenten recursos obstruccionistas, siempre y cuando se compruebe la intención de entrabar, hasta reformas internas tales como reorganización operativa, aumento del número de magistrados e incluso la eliminación de la consulta legislativa. Sin embargo, de momento no se ha hecho ninguna reforma radical.
Mientras tanto, muchos casos que ni siquiera pertenecen a la materia constitucional consumen valioso tiempo de estudio por parte de los magistrados, junto con otros tan complejos y delicados como el de la Mina Crucitas en San Carlos.
Todas las querellas deben ser bien revisadas e implican suspensión de actos mientras se estudian, y las carentes de fundamento, ya fuese deliberadamente o por ignorancia, terminan por retrasar todo el proceso.
El asunto se complica porque el número de denuncias aumenta sin cesar. Para finales de año se espera hayan entrado unos 19 mil casos, que significan unos 73 diarios entre semana, para un promedio de una denuncia cada 20 minutos. Se considera que es una cifra alarmante, debido al complejo trámite y análisis que exige cada una de ellas. Sin embargo, la cantidad de magistrados que las estudian se mantiene inalterable. Son siete desde 1989.
Hay dos puntos en los que tanto críticos como al interior mismo de la Sala parecen estar de acuerdo. Primero, la institución como tal es de capital importancia y hay que mantenerla, pues representa un instrumento de defensa ciudadana ante posibles abusos del sistema. Segundo, requiere reformas, aunque cuáles son estas y los argumentos que las fundamentan sí son motivo de discordia.
Llama a la reflexión que casi un 70% de las causas interpuestas sea declarado inadmisible o sin lugar, de acuerdo con la tendencia estadística del presente año, lo que saca a colación el tema de las sanciones contra quienes cursen trámites dolosamente, con el único propósito de obstaculizar.
Así como el ente tiene la potestad de suspender cualquier acto de inmediato, bajo la premisa de evitar un daño mayor, “también debería hallarse la fórmula para castigar a quien bloquea por molestar”, adujo Adrián Bonilla, abogado.
La Ley de Jurisdicción Constitucional tiene la potestad de sancionar al que acude para entrabar, pero no se ha aplicado porque “si una persona cree que se violentan sus derechos fundamentales no se le puede negar el acceso, porque la legitimación para acudir a esta instancia es muy amplia”, sostuvo Ana Virginia Calzada, presidenta a.i. de la Sala IV.
Puso de ejemplo el recurso de amparo contra la construcción del nuevo Estadio Nacional en La Sabana, pues aunque impopular, tenía fundamento suficiente para llevar a cabo la investigación. A la larga, se declaró sin lugar y la construcción solo se atrasó semana y media.
En cambio el recurso contra la Ley de simplificación de trámites para la instalación de marinas y atracaderos turísticos fue resuelto con lugar, devuelta al Congreso y no se sabe cuánto tardarán los diputados en corregirla. “Si la Asamblea comete errores, es nuestro deber señalárselos”, dijo la magistrada.
Quizás el caso más representativo de atraso fue el de la terminal granelera en Puerto Caldera, que se llevó dos años y medio en estudio, aumentando su costo en casi $29 millones.
Cuando una acción se declara sin lugar, no se hace una condena al pago de daños y perjuicios al denunciante, “pero al querellado le queda la posibilidad de acudir a los tribunales comunes. El tema de fondo es determinar si hubo buena o mala fe al interponer la queja”, opinó Andrea Hulbert, ex letrada de la Sala.
Sí se han tomado medidas de reorganización interna para tratar de sacar adelante la afluencia creciente de casos. Ahora hay una oficina de admisibilidad que recibe las querellas y las pasa a presidencia con sus respectivas recomendaciones, y los magistrados se están reuniendo hasta cuatro veces por semana. Aunque se han reducido los tiempos promedio por resolución, al parecer todavía no es suficiente.
Desde 2005 está presentada una propuesta legislativa que busca reforzar la jurisdicción con tribunales superiores especializados, que conozcan, exclusivamente, de los recursos de hábeas corpus y amparo, permitiéndole a la Sala IV dedicarse al conocimiento de asuntos de mayor relevancia.
“La acumulación de casos amenaza seriamente los principios de justicia pronta y cumplida que la Sala ha tratado de defender”, sostuvo Olman Vargas, uno de los diputados de la legislatura anterior que presentó el proyecto junto con Federico Malavassi, quien sintetizó que la entidad “es muy expedita para suspender los actos, pero está tan atiborrada que no es igual de ágil para fallar”.
Calzada adelantó que desde hace aproximadamente un año los magistrados están elaborando una propuesta que sería presentada a la Asamblea Legislativa antes de finalizar 2008. Sin especificar demasiado, resumió que tras casi dos décadas de existencia y el aumento sostenido de las denuncias, vale preguntarse cuántos magistrados más se necesitan para dar abasto “de aquí a otros 20 años”, y ver si se puede resolver la propuesta de 2005, o bien reorganizar la Sala en cámaras especializadas que resuelvan diferentes tipos de asuntos.
Sí reconoció que personalmente considera vital sacar a la Sala del juego político, ese que se ve en la disparidad de reacciones según se resuelva a favor o en contra de intereses partidistas. ¿Cómo lo haría? “Eliminando la consulta legislativa, porque lleva a una judicialización de la política que no es conveniente. Entonces las leyes se aprobarían más fácilmente y si hubiese un vicio de constitucionalidad se revisaría, pero ante denuncias puestas sobre la práctica”, finalizó la presidenta de la Sala Constitucional.








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