¿Cómo ese ministro de Rodríguez se libró de la acusación para la que había mérito y de la acción resarcitoria para la que había fundamento, siendo como en efecto lo fue por confesión propia, actor en un asalto financiero y moral?

De cal y de arena

Absueltos y condenados

No entiendo cómo tras un proceso judicial de largos ocho años y dos meses que ahora desnuda graves errores técnicos y por el cual fue encarcelado en medio de una verdadera ordalía mediática, cuando el Tribunal de Apelación de Sentencias se trae abajo la condenatoria y le declara libre de culpa y responsabilidad el ex Presidente Miguel A. Rodríguez exalta al sistema judicial costarricense porque “aunque tarde”, hace justicia.
Podrán, él y sus abogados, sentir el alivio de una sentencia que declara la prescripción y anula una crucial prueba aportada viciosamente al expediente, lo libera de una condena a cinco años de cárcel por corrupción agravada y le restituye los bienes decomisados.
Pero no podrán alabar —yo tampoco— un régimen de justicia que deja impunes los graves hechos que confesó José Antonio Lobo y alguien más. Ni siquiera se ocupó de él; más bien lo escudó. ¿Cómo ese ministro de Rodríguez se libró de la acusación para la que había mérito y de la acción resarcitoria para la que había fundamento, siendo como en efecto lo fue por confesión propia, actor en un asalto financiero y moral?
Se le permitió “embarrar” a otros con el privilegio del testigo de la corona y la coraza de la impunidad. El país presenció un proceso más propio de un espectáculo mediático plagado de procederes reñidos con la pureza técnica que debe gobernar las actuaciones del Ministerio Público,  graves fallas esas que —aunque luego motivaran la anulación de la condenatoria por  la prescripción y  la nulidad— sirvieron para acusar a Rodríguez y a otros encartados.
Hoy todo está anulado. Subsiste, empero, la condenatoria de buena parte de la opinión pública evidentemente influida por la desbocada manipulación mediática del caso.
Falta ver lo que diga la Sala de Casación si, como lo ha anticipado el Fiscal General, el fallo se somete al examen de los puntos muy concretos que pueden ser objeto del recurso. Si se confirma, deberá el Ministerio Público encarar las resultantes de la infantil impericia con que condujo el caso. Pensaríamos que alguien (el entonces Fiscal General Francisco Dall’Anesse, lógico) debería explicar semejante metida de pata que se agrega a otros numerosos casos más que demeritan el buen récord del Ministerio Público y otros expedientes que han dado pie a imputaciones de influencias políticas.
Para acrecer el infortunio de la institución agobiada por el lastre de otros sonados asuntos en los que la pericia no le ha acompañado, aparecen recién las quejas de su actual jefe, Jorge Chavarría acerca de la existencia de fuerzas interesadas en domeñar el trabajo del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo es que, dando bandazos esta pieza fundamental del aparato represor del Poder Judicial, se puede creer en la verticalidad de la Justicia costarricense?
De seguro aquel señor que se robó un chancho y fue severamente sentenciado no le tiene fe. ¿Y Lobo?

Álvaro Madrigal

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