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El país ha llegado a la inaceptable situación de que los guardas de seguridad privados cuadruplican el número de la policía pública

A merced del hampa

En una nación que se precie de ser un Estado de Derecho, el gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente responsables ante la ley y deben respetar principios fundamentales como la seguridad de los ciudadanos y la defensa de su propiedad, entre otros.
En Costa Rica, se descuidó esto durante muchos años hasta crear una realidad en la cual muchas personas han tenido que proveerse en forma privada un poco de seguridad a falta de la que le corresponde por ley proporcionar al gobierno.
Es decir, que nuestras fuerzas policiales se convirtieron poco a poco, con el paso de los años, en insuficientes en cantidad, entrenamiento, avituallamiento, estrategias y en general en dirección y formación adecuadas como para poder proveer de seguridad a toda la población a lo largo y ancho del territorio nacional. A esto se sumó en los últimos años la presencia del crimen organizado y el narcotráfico.
Así, la población que fue sufriendo cada vez más las consecuencias de este estado de cosas se acostumbró a comprobar que pagar más impuestos para obtener seguridad no le servía de nada porque había sido dejada a merced del hampa y decidió, en muchos casos, gastar su dinero (cuando lo había) en seguridad privada, aunque esta sea más limitada que la pública en cuanto al accionar.
Así es como el país ha llegado a la inaceptable situación de que los guardas de seguridad privados cuadruplican el número de policías, según estimaciones que se detallan en una nota de este medio ayer.
Están en todas partes. Se valen de ellos los centros comerciales, los bancos, los condominios y hasta los contratan para brindar seguridad las propias instituciones públicas a pesar de lo cual a veces las asaltan, ya que la violencia y el crimen representa para el 47% de la población el principal problema, según la última encuesta de CID Gallup, y la corrupción facilita las cosas a los hampones en ciertas circunstancias.
El país debe salir de esta lamentable situación. Las autoridades costarricenses deben abocarse a lograr un verdadero accionar de una policía adecuadamente entrenada, en cantidad suficiente y con el equipo necesario. Y deben crear así mismo la estrategia preventiva de la violencia y los delitos. Costa Rica debe volver a ser un país donde las personas puedan confiar en que su policía pública protege tanto su integridad física como sus propiedades.
Para que esto último sea una realidad se deberá partir de un plan nacional de seguridad capaz de generar confianza nuevamente en la población. Con lo que hoy se gasta en seguridad privada se podría financiar una policía pública capaz de cumplir su obligación devolviendo seguridad a la ciudadanía.

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