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Martes 1 Septiembre, 2015

Costa Rica es un país soberano y respetuoso del derecho. No merece que se socave su institucionalidad con acciones de fuerza

“A la brava”

Por décadas, en mi paso por la función pública y en desempeño de cargos políticos he soñado y luchado por la modernidad en el funcionamiento de las instituciones del Estado, el fomento de la tecnología aplicada y  la apertura al comercio internacional.
Por esa misma razón y como muchos costarricenses, veo con interés la propuesta de la empresa Uber para la aplicación de un sistema novedoso que pone en contacto a quien necesita un servicio de taxi con un conductor de vehículo que se lo brinde con rapidez y eficiencia. Es un medio moderno, eficiente y a la vista glamoroso.
Sin embargo, me extraña y disgusta la actitud de los representantes de Uber que, como lo han hecho en muchos otros países, en el nuestro han venido a instalarse e iniciar operaciones “a la brava”, término que califica una acción que se realiza violentando por la fuerza toda barrera que trate de evitárselo.
No encuentro todavía, en las declaraciones de sus voceros ni en los razonamientos de muchos de los defensores de Uber que han aparecido, un argumento legal o al menos lógico que justifique su actitud.
Por el contrario, encuentro entendibles los razonamientos de los funcionarios de gobierno que, con base en la interpretación de la ley, manifiestan su incapacidad para poder autorizar su funcionamiento y más aún, cuando ni siquiera ha mediado una solicitud formal por parte de la empresa.
Además, está claro que la operación de un servicio en la informalidad, constituye una competencia desleal para aquellos que lo brindan dentro de los parámetros legales y regulatorios del Estado. ¿No es cierto acaso, que este es un reclamo constante de los grupos empresariales cuando sus negocios se ven afectados por este tipo de competencia?
Tampoco es posible aceptar que la autorización provenga de la popularidad, del entendible apoyo de la gente a quien se le brinda un novedoso servicio de taxi que ofrece corregir todos los defectos de los taxis rojos y a menor costo.
Iniciar operaciones en estas circunstancias no es otra cosa que estimular la provocación y no deja alternativa a las autoridades que la aplicación de la sanción, que en el caso concreto, es la misma que se hace ordinariamente con los denominados “taxis piratas”. Han sido múltiples las instancias en que el gobierno ha debido hacer público que va a actuar para sancionar el servicio de taxi informal, y de hecho lo hace, a su manera, que es poco efectiva, por cierto.
No puede extrañar que ahora lo tenga que repetir ante los miles de vehículos que se anuncia que se están incorporando a la existente masa de taxis, porteadores y piratas. Le están poniendo una brasa caliente en las manos.
Es posible que los personeros de Uber estén atenidos, como los piratas, a que la incapacidad del gobierno para ejercer la ley les va a brindar el espacio que necesitan para continuar tranquilos con su negocio.
Si así fuera, implicaría que se van a mantener en la actividad informal. Habría entonces que preguntarse si al no cumplirse con las leyes y regulaciones, con pagos de tributos y cargas sociales, entre otras, se trataría de un servicio subsidiado por el Estado.
Lo conveniente es que el tema se resuelva formal y legalmente. Costa Rica es un país soberano y respetuoso del derecho. No merece que se socave su institucionalidad con acciones de fuerza. Existen instancias judiciales que pueden resolver a la parte interesada su diferendo cuando encuentra errada o mal intencionada la determinación de la autoridad correspondiente.

 

Rodolfo Méndez Mata

Exdiputado, exministro de la Presidencia, exministro de Obras Públicas y Transportes, exministro de Hacienda