Debe trabajarse rápido para lograr un acuerdo con la empresa OAS. Aunque este perjudique al país por lo que tenga que pagar, permitirá al menos retomar de otro modo la obra de la vía a San Ramón

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Urge solución para vía a San Ramón

Hoy la difícil situación de la carretera a San Ramón es el centro de la polémica. La concesión fallida sigue vigente y esto impide proyectar e iniciar esa obra de otro modo.
Una vía que estamos urgidos de reparar. Algo que no hace más que sumarse a otros grandes problemas mal dirigidos y administrados desde hace décadas.
Dinero y tiempo perdido están perjudicando seriamente al país y como tal a los costarricenses. Políticas, decisiones y comunicaciones inadecuadas son causa de problemas en sucesivos gobiernos.
Está claro que no sabemos utilizar correctamente la concesión como alternativa para obra pública de gran envergadura, a pesar de lo conveniente que podría ser este modelo en ciertos casos.
Tenemos instituciones que desperdician los recursos que aportan los contribuyentes retrasando al país en su desarrollo, a pesar de lo cual esas malas prácticas no han sido corregidas por las administraciones de turno.
Es probable que en el pasado reciente esto no fuera tan evidente para la población. Hoy sin embargo la realidad es otra y los malos manejos son de conocimiento público.
Gracias a esto los costarricenses no están ya dispuestos a permitirlo. No son tiempos para la opacidad sino para la transparencia.
Volviendo a la carretera a San Ramón, debe trabajarse rápido y acertadamente para lograr un acuerdo con la empresa OAS, que, aunque perjudique al país por lo que tenga que pagar, permita al menos retomar la obra de otro modo. Una nota de este medio hoy, detalla posibles vías para llegar a una solución.
Pero debemos ir más allá. Es indispensable que la clase política nacional que pretende llegar al gobierno, comprenda que no puede seguir intentando dirigir y administrar el país de la forma en que se viene haciendo.
Ahora la gente, con todo derecho, exige información previa a los compromisos para que los proyectos se debatan antes de convertirse en inconvenientes obligaciones que después hay que pagar. Lo decíamos recientemente, “debate público sobre dinero público”.
Vemos cómo la población se siente con derecho a organizarse e intervenir cuando no está de acuerdo con decisiones que los gobiernos toman, porque han sido burlados con promesas de campaña incumplidas y ven los fondos públicos mal gastados.
A esto se suma que no hayan coincidido las prioridades de los gobernantes con las de la mayoría de los gobernados.
Quien pretenda seguir por ese camino, tendrá la batalla perdida de antemano.