Un agro sin padrinos
Costó pero al final se impuso la razón y la Asamblea Legislativa admitió la pertinencia
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De cal y de arena
Un agro sin padrinos
Costó pero al final se impuso la razón y la Asamblea Legislativa admitió la pertinencia de la demanda a gritos del sector agropecuario para que se enmiende el vil mecanismo de aplicación del impuesto sobre bienes inmuebles. El voto fue unánime, algo inesperado. El tema compromete al sector agropecuario a pagar el impuesto resultante del cálculo sobre el valor histórico de las fincas más una suma adicional que no excederá el 20%. Pero las municipalidades no podrán usar una tabla uniforme para calcular el tributo que nació inconsultamente en 2008 para aplicar a fincas agropecuarias y a fincas urbanizadas o de vocación turística. Y el gobierno —Ministerio de Agricultura— se obliga a elaborar un censo agropecuario a no más de cuatro años que establecerá la realidad inmobiliaria nacional para elaborar a partir de ella los protocolos de fijación del tributo. Pieza —el censo— fundamental sin cuya presencia resultaba arbitraria cualquier elucubración para estructurar el impuesto. Los objetores del proyecto de ley #18070 auspiciado por los gremios agropecuarios criticaron que sus términos abarcaran también a las “fincas grandes”. Pero nunca explicaron qué es una “finca grande”. Difícil tarea, aún disponiendo de un censo agropecuario profesionalmente elaborado. Lo ha dicho el IICA (La Agricultura en Costa Rica, 2010): “No es razonable una definición de los productores como pequeños, medianos o grandes en cuanto a la escala de la tierra en propiedad en que desarrollen su actividad. Un agricultor que tiene 0,5 Ha. de tierra con agua permanente y siembra hortalizas, puede generar más ingresos que tiene 10Ha. de tierra dedicada a pastos para mal alimentar sus animales… Ni siquiera en fincas de banano, piña, naranja, leche hay estándares para clasificar una empresa como grande”.
¿Qué hay de malo en una finca grande si cumple con las leyes laborales, tributarias y ambientales y constituye un envidiable ejemplo como lo son Hacienda Juan Viñas, Compañía Bananera La Estrella y Hacienda El Plantón y muchas más? ¿Por qué asustarse ante ellas y no estimularlas? ¿Por qué temerle a la cabida si hay actividades cuya rentabilidad está ligada al tamaño de las tierras a su disposición? Sería ideal universalizar el caso del café, como lo testimonia esa rica y eficiente estructura productiva de la zonas de Los Santos, por lo demás fabulosa expresión de equilibrio y justicia social. Pero lo ideal no siempre es posible. La realidad habla de la presencia de latifundios improductivos y desde los tiempos en que se tramitaba la Ley de Tierras y Colonización se hablaba de castigarlos con fuertes gravámenes para inducir al propietario a la conversión o al movimiento de la propiedad. Están también los minifundios improductivos que suelen ser origen de persistentes problemas sociales y económicos. Quizá la coyuntura creada por la reacción del sector agropecuario ante una política tributaria de expolio impulse a la adopción de una política de Estado con visión de futuro sobre esta actividad, la de más impacto social y político.
Alvaro Madrigal
