Tres hospitales privados bajo investigación

Tráfico de órganos con la puerta abierta

Hacen falta sanciones para cerrar portillos

Como si se tratara de un carro o una casa, muchos ticos estarían dispuestos a vender un riñón por miles de dólares a pacientes extranjeros que necesitan un trasplante.
Una denuncia realizada por el Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina asegura que dos israelíes compraron un riñón por $6 mil cada uno en 2012, a un tico y un nicaragüense.
El Ministerio Público investigará a tres hospitales privados con autorización para realizar trasplantes a solicitud de las autoridades de Salud.
Desde abril de este año el país fue advertido por autoridades internacionales sobre la amenaza de convertirse poco a poco en el nuevo paraíso de quienes compran órganos para millonarios desesperados en busca de un trasplante.
Esta puerta se abre después de que Colombia, país con mayor índice de tráfico, cerrara todas las brechas legales que permitían esta práctica, al aumentar las penas contra médicos y compradores.
A raíz de ello Costa Rica se ha convertido en un nuevo mercado abierto para estos delincuentes.
El 80% de los trasplantes que se realizan en el país se hace a través de los hospitales de la Caja, el resto son tramitados en centros privados.
Y es precisamente este el portillo que aprovechan los traficantes, ya que pueden traer a sus clientes, pagar a los ticos por sus órganos y realizar los procedimientos de forma confidencial.
La denuncia fue realizada por la Asociación Internacional de Trasplantes a PROMED, quien informó al Ministerio de Salud sobre los dos casos reportados y el nombre del centro médico, el cual no ha sido revelado.
“La denuncia que nos hicieron deja ver que fueron más de dos casos, no lo podemos confirmar, pero parece que este centro ha realizado varios en los últimos años”, indicó Massimo Manzi, director ejecutivo de PROMED.
Actualmente solo tres centros tienen la autorización del Ministerio de Salud para hacer este tipo de cirugía.
Pero las autoridades de Salud solo cuentan con los datos actualizados de dos de los hospitales con respecto a cuántos y qué tipo de trasplantes hicieron en 2012. Uno de ellos no ha enviado toda la información.
El problema es la identificación de cuáles casos son por negocio y cuáles de buena fe, por una donación sin fines de lucro.
La solución sería aceptar solamente a donantes familiares para establecer una relación con el paciente y descartar otros intereses de por medio.
El Ministerio de Salud solicitó desde la semana pasada al OIJ la investigación de este caso para comprobar o descartar las acusaciones.
La ley que regula los trasplantes de órganos y tejidos en el país aborda por encima las sanciones para quienes utilizan este procedimiento con fines comerciales; sin embargo, la antigüedad de esta legislación no visionaba el comercio de órganos.
Más recientemente la ley contra la trata de personas establece penas de hasta ocho años de cárcel para quien compre un órgano.
Como consecuencia de su entrada en vigencia, se creó la coalición nacional contra la trata de personas integrada por varias instituciones para regular este tema, el OIJ, el Ministerio de Salud, la Caja y la Dirección de Migración.
Sin embargo los vacíos legales no condenan a quien lo vende, ni a los centros médicos que se prestan a este tipo de delito.
Por su parte el Colegio de Médicos establece como máxima sanción la prohibición del ejercicio de la profesión a quien se realice un trasplante donde medien los intereses económicos por encima de la salud de quienes participen.
Actualmente duerme sin mucha prisa en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende generar penas más fuertes en la comercialización de órganos, así como reglamentos para castigar a los médicos y los centros de salud.

Angie Calvo
acalvo@larepublica.net