500 días menos de incapacidad en 2012

Ticos se curaron de “milagro”

Ahorro fue de unos ¢4 mil millones en casi un año

Casi un 10% de personas a nivel nacional se curó “de milagro” en cosa de un año, luego de que se endurecieran los procesos para incapacitarse.
Esto se tradujo en un ahorro de unos ¢4 mil millones con respecto a 2011, que pueden ser usados para mejorar la atención en salud, esto por tener 500 días menos de incapacidad que en años anteriores.

Los que menos se acogieron a incapacidades fueron los propios empleados de la Caja. Allí se registró una baja del 42%.
Tras comprobarse que este tipo de trámites eran utilizados por los asegurados que fingían enfermedades para no trabajar y recibir el subsidio, se implementó un reglamento que fiscalizara este procedimiento.
El reglamento establece las faltas en casos de simulación al declarar las sanciones para médicos y asegurados. Ahora se considera un delito contra los fondos del Estado.
Desde el momento de implementación, la caída de las solicitudes sobre todo en las prolongadas que tenían más de un año fue evidente, de 2011 a 2012 se solicitaron 500 días menos.
Antes de usar el reglamento había 1.600 personas con incapacidades prolongadas mayores a un año, número que se redujo a la mitad unos meses después.
Mientras que entre los empleados de la Caja existían 435 trabajadores con varios años de baja laboral y tras iniciar la regulación solo quedaron 71.
Actualmente 35 trabajadores del Poder Judicial están siendo investigados por medicatura forense para determinar si requieren seguir incapacitados o jubilados; además se evalúa a los trabajadores del ICE.
Con respecto a los empleados de la Caja, los números demuestran una caída mayor, en marzo de 2011 90 mil trabajadores de la institución la solicitaron, mientras que en abril de 2012 bajó a 30 mil.
“Quizá donde mayor impacto se ha producido desde que se implementó el nuevo reglamento ocurrió en las incapacidades prolongadas, o sea aquellas mayores de un año y en las otorgadas a los empleados de la CCSS”, explicó Roberto Bartels, representante de la comisión evaluadora.
Con respecto a los egresos, la Caja pagó ¢8 mil millones por este tipo de trámites en 2011.
La cantidad se redujo a la mitad para el año siguiente, como consecuencia de la disminución de días solicitados.

Angie Calvo
acalvo@larepublica.net