Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 7 Marzo, 2013

El anquilosamiento de las instituciones y su anémica valoración de la ética, es más producto de la calidad de funcionarios que invaden la administración del Estado que consecuencia de un obsoleto marco jurídico


De cal y de arena

Tapando nuevas cuentas paralelas

Con un proceso electoral en puertas y el mismo mecanismo de provisión y utilización de presupuestos públicos —por cierto, en cantidades tan exageradas que se salen de toda noción de racionalidad— ninguna de las muchas irregularidades habidas en el uso de los recursos que el Estado otorgó para la campaña política de 2010 ha sido sancionada.
El Tribunal Supremo de Elecciones comprobó que más de ¢4.500 millones gastados en la campaña presidencial carecieron de satisfactorio respaldo documental o no concordaron con la realidad del gasto.
Liquidaciones y registros contable-financieros discordantes en sus contenidos con el gasto real, le permitieron presumir la presencia de delitos o faltas electorales.
Hubo donaciones en efectivo y en especie con la tintura de ilegalidad, también porque involucraron a personas jurídicas y a extranjeros.
El TSE trasladó los expedientes (cuya afectación económica supera los ¢2.100 millones) al Ministerio Público y a la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y de Legitimación de Capitales.
A menos de un año de las elecciones, apenas llega a la Asamblea Legislativa la gestión de levantamiento del fuero que ampara a tres diputados liberacionistas a los que se presume haber cometido delitos electorales en la pasada campaña.
Como si no fuese evidente la lentitud de la investigación tanto en el TSE como en la Fiscalía General y en la movilidad de los tribunales en casos donde no interviene ningún funcionario aforado, en la Asamblea Legislativa se cuecen habas con un viejo y desprestigiado recetario: el mismo que siguen los gatos con sus deposiciones.
No otra cosa se desprende de la coincidencia de convicciones “súbita e milagrosamente lograda” entre diputados de los partidos Liberación Nacional, Libertario y Unidad, para notificar a Costa Rica entera que no encontraron ningún atropello al Código Electoral en los movimientos de los gastos de campaña de 2010 investigados por ellos.
Este rememora los conciliábulos que taparon la verdad en torno a las “cuentas paralelas” en la campaña de 2002, cuando el PLUSC estaba en su apogeo.
Y como si no fuese suficientemente espeso el velo de misterio que envuelve este dispendio de los presupuestos públicos, el TSE acoraza el expediente que abrió a propósito de las actividades de la sociedad “Laura hacia el 2010” y ordena sustraerlo del conocimiento público.
Todo lo cual confirma que en las instancias políticas hay dos juegos de barajas que les pone a entrar en contradicción a la hora de encarar los desafíos de la depuración de las instituciones de gobierno.
Su discurso es divergente de sus actos. Y esto delata —una vez más— que la disfunción que padece la democracia costarricense y que imprime ese gravoso anquilosamiento de sus instituciones y su anémica valoración de la ética, es más producto de la calidad de funcionarios que invaden los cuerpos de la administración del Estado que consecuencia de un obsoleto marco jurídico.


Álvaro Madrigal