Una propuesta evitaría todos los problemas: cierre de cientos de pequeños negocios, desempleo, competencia desleal y lucro inconveniente

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Solución razonable para licencia de licores

Una propuesta viable, justa y que podría operar de manera eficiente, beneficiando a todos los involucrados, se plantea en un análisis de este medio hoy. La misma tiene que ver con la nueva Ley de Licores y Patentes.
El punto es que de la forma en que ahora se ha comenzado a aplicar dicha ley, si bien tiene aspectos positivos, al mismo tiempo puede obligar al cierre de sus negocios a decenas de pequeñas empresas y al despido de quienes para ellas trabajan, al mismo tiempo que generar competencia desleal.
Sin embargo, el tema tiene solución. Es posible rescatar lo positivo de la Ley, con ciertos ajustes que eliminen los aspectos negativos a fin de evitar la quiebra a tantos pequeños empresarios, con el consiguiente desempleo y efecto social negativo.
Dicha solución, que propone este medio, consiste en una aplicación moderada de las nuevas tarifas y que las mismas se apliquen de forma igual en todas las municipalidades para evitar la competencia desleal entre quienes tienen sus negocios en un municipio y quienes se ubican en otro.
Por otro lado, los municipios podrían incrementar moderadamente los montos correspondientes a licencias para ventas de bebidas alcohólicas a cualquier persona siempre que cumpla con las normas de la comunidad.
Esto acabaría con la inconveniente práctica de que personas beneficiarias de patentes arrienden esos derechos a terceros, lucrando con esto, como intermediarios, en vez de que los recursos ingresen a la municipalidad y sean después utilizados en beneficio de toda la comunidad, como corresponde.
Así, una cuota trimestral razonable a cobrar por parte de las municipalidades, por otorgamiento de licencia para expender bebidas alcohólicas podría oscilar entre unos ¢38 mil para una empresa pequeña, hasta un máximo de ¢228 mil para una tienda, bar o restaurante grande. Este monto podría irse incrementando poco a poco durante cinco años.
Esto acabaría con la nociva práctica de las subastas de licencias mediante las cuales los beneficiarios de las mismas lograban luego alquilarlas a terceros, que las necesitaban, por precios muy superiores a los que ellos habían cancelado a la municipalidad.
De este modo, se evitarían todos los problemas: cierre de cientos de pequeños negocios, desempleo, competencia desleal y lucro inconveniente.