Solís en un laberinto por huelgas en servicios esenciales

En diciembre debe decidir sobre veto a reforma laboral

Solís en un laberinto por huelgas en servicios esenciales

Seguridad jurídica del país versus aliados en el Congreso sobre la balanza

Debido a que los diputados no han encontrado una salida negociada para el plan que avala las huelgas en los servicios esenciales como la policía y los hospitales, Luis Guillermo Solís se verá obligado a tomar una decisión sobre este tema a mediados de diciembre.

Si el Presidente no accede a levantar el veto sobre la ley que permite los movimientos de protesta en todo el sector público, los nueve votos del Frente Amplio, hasta ahora incondicionales, se esfumarán.

Por otra parte, si el mandatario abre ese portillo legal, no solo se expone a una eventual explosión social durante el resto de su gestión, sino que también le estaría restando seguridad jurídica al país, lo que se traduciría en un desgaste de la imagen de Costa Rica para atraer inversión extranjera directa.

Ese es a grandes rasgos el laberinto en el que se encuentra el Presidente y del cual debe a salir a más tardar el 13 de diciembre, pues ese día vence el plazo cuatrienal del proyecto en la Asamblea Legislativa y, por tanto, no puede postergar más la decisión.

Para Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, el mandatario debe cumplir con la promesa que hizo a ese partido a inicios de mayo.

“Lo que está de por medio acá es la palabra empeñada del Presidente. A nosotros nos pidió los votos para obtener el Directorio Legislativo y él le dijo al Frente Amplio que levantaría el voto a la reforma procesal laboral a cambio”, indicó Vargas.

Sin embargo, la supuesta promesa de Solís a ese partido de izquierda no es fácil de cumplir.

Esto, porque siete de los nueve partidos en el Congreso están en contra de permitir las huelgas en servicios esenciales.

Por otra parte, el sector empresarial le ha advertido en diversas ocasiones a Solís sobre la inconveniencia de abrir ese portillo, pues si lo hace, cualquier decisión política tomada por los gobiernos anteriores podría ser revocada solo con la firma del Presidente.

En ese sentido, Solís ya dio muestras de querer gobernar por esa vía, pues hace unos meses atrás, eliminó un veto de Óscar Arias, para dar la titularidad de una calle a los artesanos de San José.

Esto tiene preocupados a Liberación Nacional, el Movimiento Libertario y el PUSC, entre otras agrupaciones, que temen que el Presidente vuelva a utilizar este mecanismo, para otros temas más fuertes.

Ante este panorama, los verdiblancos, por ejemplo, no descartan acudir a la Sala Constitucional para oponerse.

“En lo referente a la calle de artesanos, presentamos un reclamo ante los magistrados y si el Presidente insiste en esta idea, tendremos que acudir nuevamente al máximo tribunal. Nos preocupa demasiado la seguridad jurídica costarricense”, concluyó Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del PLN.

Esteban Arrieta

earrieta@larepublica.net

@earrietaLR