El impuesto a los combustibles debe mantenerse aunque haya que matizar su tamaño

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Sobre algunas propuestas del MOPT

A la entrada del actual gobierno se estaba discutiendo si se debía eliminar el impuesto a los combustibles, en tanto la nueva Administración enfocaba su política vial en reparación de puentes y alcantarillas.
Respecto a lo segundo, hay temas a los que no se les ha dado el debido análisis: la falta de planificación urbana y, como consecuencia, la afectación a las cuencas hidrográficas por el desarrollo de complejos habitacionales que impermeabilizan el suelo, elevando el caudal y constriñendo los cauces naturales de desagüe; otro asunto importante sin discusión es el lanzamiento de basura en estos cauces.
El manejo de cuencas hidrográficas va mucho más allá de la determinación de un caudal de diseño y de la estructura de drenaje (alcantarilla o puente) para una escorrentía probable, en un determinado periodo de retorno.
Esto tiene que ver con el impacto al ambiente y el manejo pragmático que se efectúe sobre este particular, en el que la planificación urbana y los planes reguladores son medulares.
No hace mucho, el señor alcalde de Alajuela, don Roberto Thompson, resumió esta problemática y las acciones que tuvieron que tomar para mitigar los problemas de la lluvias torrenciales en su territorio: construcción de urbanizaciones en los municipios cercanos, sin medir el impacto en la capacidad de las cuencas para trasladar esa escorrentía (ausencia de planificación urbana), generando problemas aguas abajo, por lo que debieron trasvasar aguas hacia otras cuencas para, posteriormente, comprar un gran “aspirador” que eliminara la gran cantidad de basura que ya las obstruía al poco tiempo de haberse inaugurado las obras.
Los métodos de diseño actuales, al menos de los que tenemos conocimiento, no consideran como parte de la sección hidráulica la basura que algunos irresponsables lanzan a los cauces de los ríos y quebradas. Sobre esto se habla poco y es algo para lo que no están preparadas las administraciones públicas. Un plan exitoso debe resolver esta problemática, antes que cualquier otra.
Por otra parte, el impuesto a los combustibles. Este debe mantenerse aunque haya que matizar su tamaño para reducir los montos, directos e indirectos, que pagamos los habitantes.
Permítasenos hacer dos sugerencias sobre esto, sin que entremos a valorar cuánto debe reducirse el impuesto en su totalidad: empecemos por considerar la eliminación del aumento automático, cada tres meses, para las arcas de la hacienda pública y la eliminación del impuesto de ventas a las instituciones públicas que adquieren combustibles para producir energía (el estado cobrando al mismo estado, pero a cuenta de unos pocos ciudadanos).
Esta reducción de ingresos (y la que se considere finalmente) se puede compensar recogiendo fondos, entre otros, por ejemplo, de las ganancias de la banca estatal (que hoy se reparten entre sus grandes funcionarios), que para eso es del Estado, y a la que hemos engordado y no tocamos como si fuera privada. Los bancos del Estado deben producir para el Estado y no tenerlos convertidos en una fábrica de producir dinero y bodega para guardarlo.
A lo anterior, súmese la necesidad de bajar costos en Recope (los que la ecuación financiera considere necesarios) para aliviar los bolsillos de los ciudadanos.
Finalmente, se nos plantea la idea de un instituto de infraestructura, pero sin determinarse aún si el componente de transportes se incorporará o no. El tema merecerá amplia discusión por las implicaciones que conllevarían un cambio estructural en materia de infraestructura de transporte y movimiento vehicular.

Héctor Arce Cavallini

Presidente Asoc. Ing. Civiles MOPT