Los hijos de familias de clase media con muy bajos ingresos o de clase pobre, pasan a engrosar, con mucha frecuencia, las filas de los llamados “nini” porque no han podido ingresar a una universidad y tampoco tienen trabajo

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Sin derecho a la educación

Que la educación es la base para la movilidad social y para el progreso de un país, es algo que la mayoría acepta como real.
Si nos ubicamos en Costa Rica, tenemos que, a diferencia del resto de Latinoamérica, aquí aumentó la pobreza en la última década y se deterioró la calidad de vida de la clase media. Se profundizó la desigualdad.
En esta situación, el evidente deseo de los jóvenes nacionales por ingresar a una universidad a cursar estudios superiores, se ve frustrado en los casos en que los padres no pueden costear a sus hijos educación privada u obtener becas completas.
Aquellas familias que mediante un gran sacrificio económico o un endeudamiento logran matricular a sus hijos en universidades privadas quizás puedan escapar al nefasto círculo vicioso de la pobreza.
Pero el resto de adolescentes de familias de clase media con muy bajos ingresos o de clase pobre, pasan a engrosar, con mucha frecuencia, las filas de los llamados “nini” porque no han podido ingresar a una universidad y tampoco tienen trabajo.
Esta realidad es el caldo de cultivo ideal para que los frustrados jóvenes se dejen convencer por quienes les aseguran que lo mejor es involucrarse en el tráfico de drogas o cualquier otro tipo de delitos que pueden proporcionar un dinero rápidamente, a pesar del riesgo.
Cuando se habla de prevención de la delincuencia estamos hablando justamente de la necesidad de que esto no suceda.
¿Cómo conjugar el discurso que hace años venimos escuchando acerca de que la educación es la clave, a pesar de lo cual no se construyó infraestructura ni se crearon más plazas para adecuar la capacidad del sistema educativo al crecimiento de la población?
La falta de capacidad en infraestructura, personal docente y equipamiento hace que se cuenten por miles los estudiantes que para 2015 se quedarán sin poder ingresar a una universidad, de acuerdo con lo que informa una nota de este medio el sábado anterior.
Este es el resultado de políticas en las que se prefirió por ejemplo, abrir miles de plazas para burócratas de oficina, las cuales no mejoraron en nada los servicios de la institución a la que ingresaron (caso de la CCSS), en vez de dedicar esas plazas a maestros y profesores, a médicos y personal paramédico.
Hoy el déficit de cupos en las universidades públicas, el faltante de infraestructura y equipamiento para escuelas y colegios públicos, es un retroceso y una contradicción frente a la retórica que escuchamos desde hace años, de que se desea impulsar la educación.
El descuido en el que esta ha caído, más bien, incrementa el número de quienes no tienen derecho a ingresar al sistema educativo, aumenta la pobreza y la desigualdad.
¿Es esto lo que queremos para Costa Rica?