El anhelo legítimo de los pueblos centroamericanos de paz social y desarrollo económico y cultural, solo podrá alcanzarse si se potencia el papel de las instituciones democráticas como garantes de la seguridad

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Seguridad, democracia y justicia

El crecimiento y tecnificación de las organizaciones criminales, que golpean la paz de nuestros pueblos obliga a fortalecer la institucionalidad y dotar al Estado de mejores herramientas para la prevención y combate de la delincuencia.
La respuesta esperada por una sociedad democrática ha de ser firme y decidida, pero absolutamente respetuosa de las normas y principios constitucionales que la guían.
Así, en el marco de la Estrategia de Seguridad para Centroamérica y México, los Estados del istmo, con el apoyo de la Unión Europea y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, iniciaron la ejecución del Plan Maestro de Capacitación Regional DB1. El proyecto busca fortalecer el accionar de los poderes judiciales de la región comprometidos con el Estado de Derecho.
La idea busca contribuir a la disminución de la violencia social, mediante el incremento de la efectividad de las diversas instancias estatales que participan en la protección de las personas y sus intereses.
Así, propiciar la formación de juezas y jueces de la región en temas como la delincuencia organizada, nuevas formas de criminalidad: trata de personas, delitos informáticos, delitos ambientales; las maras y pandillas, el fortalecimiento del proceso penal, el manejo de la prueba y la materia Penal Juvenil.
Lo novedoso en el enfoque del programa es que contempla áreas directamente relacionadas con la seguridad, pero tradicionalmente olvidadas por algunas políticas públicas como violencia intrafamiliar, protección de víctimas y testigos, justicia restaurativa, acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerabilizados y más.
Son 22 acciones formativas. Frente a los Estados donantes que hoy enfrentan una coyuntura fiscal desfavorable y que han debido hacer grandes sacrificios para superarla, queremos asegurar que los recursos dispuestos para esta iniciativa sean usados de la forma más eficiente y efectiva.
Se abre una oportunidad histórica para que Costa Rica se consolide como líder regional en materia de justicia, teniendo como antecedente un reconocimiento del papel decisivo de Costa Rica en los procesos de modernización de la justicia en Iberoamérica.
Este acercamiento propiciará el desarrollo de proyectos regionales de importancia estratégica para el fortalecimiento del sector justicia.
El anhelo legítimo y añejo de los pueblos centroamericanos de paz social y desarrollo económico y cultural, solo podrá ser alcanzado si se potencia el papel de las instituciones democráticas como garantes de la seguridad.
En ese contexto, una inversión destinada a mejorar la calidad de la justicia es el camino idóneo para tales objetivos.

Marvin Carvajal Pérez

Director del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe