Renegociación con APM Terminals bajo estudio

¿Puede el Gobierno renegociar algunas cláusulas del contrato con APM Terminals? Si es así, ¿habrá que pagar alguna indemnización?, y ¿qué pasaría desde el punto de vista legal, si la compañía holandesa no acepta sentarse a la mesa?

Esas son algunas de las preguntas que el Colegio de Abogados responderá en un informe técnico que brindará en unos tres meses al Gobierno y al sindicato de Japdeva.

El documento, que, en teoría, sería de carácter vinculante para las partes, es parte del proceso que encabeza Monserrat Solano, defensora de los habitantes, como parte de su rol de mediadora en el conflicto social entre los trabajadores de los puertos del Caribe y el Gobierno, por la entrada en operación de APM Terminals.

La solicitud se da en momentos en que la empresa holandesa se apresta para iniciar las obras de construcción a finales de mes.

En ese sentido, las últimas dos administraciones han sostenido la imposibilidad legal de renegociar el contrato entre Costa Rica y APM Terminals.

Sin embargo, Ronaldo Blear, secretario del sindicato de Japdeva, considera que la misma empresa abrió el portillo para la renegociación, cuando supuestamente aceptó cambiar el canon de administración portuaria que pagaría en beneficio de los cantones de Limón.

“Hay dos tesis contrapuestas en este tema. Nosotros consideramos que sí existe oportunidad de renegociar algunos puntos del contrato y cuando el Colegio de Abogados emita un criterio sobre el tema, al fin se aclarará este”, expresó Blear.

Los sindicalistas de Japdeva están interesados en eliminar la cláusula 9.1 del contrato, la cual le da supuestamente a APM Terminals la operación exclusiva de los “full container”.

Esos “container”, representan el 65% de las ganancias de la institución estatal, por lo que si Japdeva se queda sin realizar su manejo, “estaremos en la quiebra en el corto plazo”, comentó Blear.

En ese sentido, los trabajadores de Japdeva no se oponen a la competencia, pero que esta se dé bajo condiciones equitativas.

Mientras el Gobierno reabre el debate sobre este tema, para la empresa APM Terminals se trata de un asunto cerrado.

Empero, Rogelio Douglas, gerente general de dicha compañía, aclara que respetarán las leyes nacionales.

“Estamos concentrados en el arranque de la construcción previsto para el día 19 de enero.

No sabíamos nada del acuerdo de la Defensoría con los sindicatos y el Gobierno, pero como le dije, para nosotros ese ya es un tema superado”, agregó Douglas.

Se trató de obtener la versión de Eduardo Calderón, presidente del Colegio de Abogados, pero al cierre de edición no fue posible hacerlo.

Paralelamente al informe legal sobre la validez de la renegociación que hace el Colegio de Abogados, las partes en el conflicto acordaron también solicitar a la UCR un estudio socioeconómico sobre el impacto que tendría la competencia portuaria en Limón.

APM Terminals tiene planeado hacer una isla artificial de 80 hectáreas en las costas de Moín para el manejo de grandes contenedores, durante los 33 años que durará la concesión.

El proyecto está dividido en tres fases y se espera que al terminar 2017 ya esté en operaciones la primera etapa, la cual abarcará al menos unas 36 hectáreas. La inversión total es por unos $1.000 millones.