Rechazan aumento salarial tres legisladores
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 18 abril, 2012
Renunciar a incremento semestral sería ilegal
Rechazan aumento salarial tres legisladores
Alza cuesta unos ¢8 millones mensuales
A dos semanas de que empiece a regir un incremento de ¢150 mil mensuales en su salario, tres legisladores han manifestado públicamente su rechazo a ese aumento.
El resto pareciera estar conforme con el aumento semestral que recibirá a partir de mayo.
El incremento decretado de ¢5 mil para el resto de trabajadores públicos, así como los problemas fiscales del país, son las razones que motivan a ese pequeño grupo de diputados para no mejorar su salario.
Se trata de Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso y legislador de Acción Ciudadana; José María Villalta, del Frente Amplio, y Víctor Emilio Granados de Accesibilidad sin Exclusión.
“Yo no tendría autoridad moral para pelear por mejores salarios para los trabajadores si acepto un incremento de este tipo, pues los empleados del sector público recibieron un alza que ni siquiera cubre la inflación”, expresa Villalta.
El salario de los legisladores asciende a ¢2,9 millones y con el incremento a partir de mayo, rondará los ¢3,1 millones.
Esto significa que los costarricenses pagarán ¢8 millones adicionales al mes, para la remuneración de los 57 diputados, a pesar de que el 70% de la población está disconforme con su labor.
La ley de remuneraciones de los diputados establece un incremento del 5% cada seis meses durante mayo y noviembre.
“A nosotros nos parece que no es congruente que el Gobierno pida nuevos impuestos y, al mismo tiempo, se den aumentos tan altos para algunos funcionarios públicos”, expresó Mendoza.
Sin embargo, las intenciones de Mendoza, Villalta y Granados podrían chocar contra una pared.
Un informe jurídico establece que el alza es irrenunciable, pues el Estado dejaría de percibir las cargas sociales e impuestos asociados a ella, explicó Antonio Ayales, director administrativo del Congreso.
“En caso de no aplicar el aumento, estaríamos infringiendo la ley, pues el Ministerio de Hacienda, así como la Caja, dejarían de percibir los impuestos y cargas sociales por esos ¢150 mil. Bajo esa premisa, el aumento es irrenunciable”, agrega Ayales.
Ante este panorama, soluciones alternativas son buscadas por los diputados que renunciaron al incremento.
En el caso del presidente del Congreso, Mendoza decidió donar esa cantidad de dinero a una asociación de mujeres de Acosta, la cual financia créditos para pequeñas empresas.
Mientras tanto, Villalta acudirá a formalizar una devolución del aumento automática al Estado, incluido el pago de nuevas cargas tributarias y sociales, mientras que Granados evalúa opciones.
El incremento para los legisladores fue ampliamente criticado por los sindicalistas, quienes reclaman a los diputados “que sean consecuentes con la crisis fiscal del país”.
“El Congreso, con sus excepciones, hace tiempo que se ha separado de la ciudadanía y este es un ejemplo. Aquellos que están abogando por más impuestos, deberían ser consecuentes y renunciar a ese incremento. Creo que eso lo verían con buenos ojos los costarricenses”, indicó Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Rechazan aumento salarial tres legisladores
Alza cuesta unos ¢8 millones mensuales
A dos semanas de que empiece a regir un incremento de ¢150 mil mensuales en su salario, tres legisladores han manifestado públicamente su rechazo a ese aumento.
El resto pareciera estar conforme con el aumento semestral que recibirá a partir de mayo.
El incremento decretado de ¢5 mil para el resto de trabajadores públicos, así como los problemas fiscales del país, son las razones que motivan a ese pequeño grupo de diputados para no mejorar su salario.
Se trata de Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso y legislador de Acción Ciudadana; José María Villalta, del Frente Amplio, y Víctor Emilio Granados de Accesibilidad sin Exclusión.
“Yo no tendría autoridad moral para pelear por mejores salarios para los trabajadores si acepto un incremento de este tipo, pues los empleados del sector público recibieron un alza que ni siquiera cubre la inflación”, expresa Villalta.
El salario de los legisladores asciende a ¢2,9 millones y con el incremento a partir de mayo, rondará los ¢3,1 millones.
Esto significa que los costarricenses pagarán ¢8 millones adicionales al mes, para la remuneración de los 57 diputados, a pesar de que el 70% de la población está disconforme con su labor.
La ley de remuneraciones de los diputados establece un incremento del 5% cada seis meses durante mayo y noviembre.“A nosotros nos parece que no es congruente que el Gobierno pida nuevos impuestos y, al mismo tiempo, se den aumentos tan altos para algunos funcionarios públicos”, expresó Mendoza.
Sin embargo, las intenciones de Mendoza, Villalta y Granados podrían chocar contra una pared.
Un informe jurídico establece que el alza es irrenunciable, pues el Estado dejaría de percibir las cargas sociales e impuestos asociados a ella, explicó Antonio Ayales, director administrativo del Congreso.
“En caso de no aplicar el aumento, estaríamos infringiendo la ley, pues el Ministerio de Hacienda, así como la Caja, dejarían de percibir los impuestos y cargas sociales por esos ¢150 mil. Bajo esa premisa, el aumento es irrenunciable”, agrega Ayales.
Ante este panorama, soluciones alternativas son buscadas por los diputados que renunciaron al incremento.
En el caso del presidente del Congreso, Mendoza decidió donar esa cantidad de dinero a una asociación de mujeres de Acosta, la cual financia créditos para pequeñas empresas.
Mientras tanto, Villalta acudirá a formalizar una devolución del aumento automática al Estado, incluido el pago de nuevas cargas tributarias y sociales, mientras que Granados evalúa opciones.
El incremento para los legisladores fue ampliamente criticado por los sindicalistas, quienes reclaman a los diputados “que sean consecuentes con la crisis fiscal del país”.
“El Congreso, con sus excepciones, hace tiempo que se ha separado de la ciudadanía y este es un ejemplo. Aquellos que están abogando por más impuestos, deberían ser consecuentes y renunciar a ese incremento. Creo que eso lo verían con buenos ojos los costarricenses”, indicó Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net