Presión por cambio en patentes de licor
Recibimos la notificación de un recurso de amparo dirigido a todas las municipalidades, estamos a la espera de la resolución, explicó Roberto Thompson, alcalde de Alajuela. Archivo/La República
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Alto cobro impulsa a dueños de locales a presentar recursos de amparo

Presión por cambio en patentes de licor

Mayoría de comunidades ya aplican las nuevas reglas

El incremento en los cobros para mantener la licencia de la venta de licores en los comercios, luego de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Licores, impulsa a los patentados a presentar recursos de amparo.
En algunas municipalidades el cobro está en pausa mientras la Sala IV resuelve, pero son muchas las que mantienen la normativa hasta que llegue la respuesta.
El hecho de que los patentados no paguen los cobros trimestrales les podría llevar al cierre de sus comercios o a la suspensión de la venta de licor en su local.
Pasar de un cobro módico para mantener una patente de la venta de licor a un incremento de cerca del 3 mil por ciento es la realidad que perciben los minisúper y pequeños comercios desde agosto del año pasado. Lo anterior con la llegada de la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico.
Con el fin de generar un menor impacto en sus patentados, las municipalidades optaron por establecer el cobro más bajo permitido.
Así un minisúper debe pagar de ¢379 mil hasta ¢758 mil, el cobro actual en su mayoría aplicado a pequeños comercios es el más bajo.
Aun así, esta medida no tiene conformes a los dueños de los comercios, quienes consideran que los cobros son desmedidos.
Por ejemplo, el cobro desproporcionado fue motivo de un recurso de amparo presentado por un patentado de la municipalidad de Puntarenas, quien considera que la ley está despegada de la realidad económica del país.
La Sala declaró sin lugar ese recurso, pero hay otros en proceso que también alegan la necesidad de un cambio en el monto por pagar.
La ley se creó para terminar con el mercado negro de licores y se está logrando el objetivo, aunque sí es necesario mejorar los cobros.
La idea no es llegar a los bajos costos de antes, ya que se perdería el objeto por el que nació la ley, explicó Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales.
Por ahora, realizar el cobro y cumplir con la legislación es lo que aplican las municipalidades, quienes ya imponen sanciones.

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María Fernanda Cisneros
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