Silvia Castro Montero

Silvia Castro Montero

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Lunes 20 Enero, 2014

El CONESUP y los medios de comunicación deberían estar fiscalizando, no a las universidades que cobran más, sino a las que cobran menos


Perspectiva sobre tarifas universitarias

Cada enero, los medios de comunicación masiva reportan sobre los aumentos en las tarifas de las universidades privadas. Sin embargo, nunca he visto ningún reportaje sobre el bajo costo de las tarifas de algunas instituciones educativas, una preocupación social mucho más imperante. ¿Alguna vez se ha preguntado sobre la calidad académica que se puede ofrecer, cobrando ¢40 mil por materia y hasta menos, por una formación universitaria?
Algunas instituciones compiten en el mercado educativo universitario cobrando tarifas bajísimas, por lo que deben ajustar sus gastos para sobrevivir. Consecuentemente se ven obligados a pagar salarios poco competitivos a sus profesores y personal administrativo; a no invertir en insumos fundamentales para la ejecución del currículum, como infraestructura, tecnología, servicios estudiantiles, recursos didácticos; y a no asumir tareas de investigación, acción social ni extensión.
Si existiera un genuino interés por mejorar la calidad académica de la educación superior privada, el CONESUP y los medios de comunicación deberían estar fiscalizando, no a las universidades que cobran más, sino a las que cobran menos.
Ciertamente, preocupan los aumentos de la matrícula por encima del costo de vida, pero bastaría con que el CONESUP se asegurara de que cada universidad comunique su política de aumento de precios al público, y luego verifique que se cumpla. De esta manera, los mismos alumnos tendrían la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de esta política y plantear sus denuncias, en caso de inobservancia.
Cada alumno es libre de escoger la universidad que quiera y pueda pagar, y tiene el derecho, como consumidor, a conocer las disposiciones que le afectarán en cuanto al aumento de precios en su carrera, año con año. Los precios altos de colegiatura los regula la oferta y la demanda; si el costo de una carrera le parece muy alto en relación con el valor que percibe, simplemente no matricula.
Las bajas tarifas, sin embargo, nadie las regula, y por razones quizás no tan evidentes. Sabiendo que el 75% de los aspirantes provenientes de colegios públicos no llega a la etapa de concurso de carrera en las universidades estatales, y que los cupos en estas subieron solo un 3% en cinco años, los alumnos de escasos recursos económicos no tienen más opción que matricular en alguno de estos centros educativos baratos. Obligar a estas universidades a cobrar lo que deben, para ofrecer el servicio educativo óptimo, dejaría a miles de alumnos sin posibilidades de estudio.
Por otra parte, sospecho que hay intereses políticos de por medio, de personas interesadas en que la calidad de la educación superior privada no prospere. No pueden arriesgarse a que la sociedad costarricense algún día llegue a cuestionar la conveniencia de destinar los miles de millones de dólares que se invierten en el fosilizado sistema de educación superior pública, ofreciendo en su lugar, posibilidades de estudio, financiadas por el Estado, en universidades de comprobada calidad en el sector privado, a una fracción del costo.

Silvia Castro

Rectora de ULACIT