Proyecto pretende congelar bienes de sospechosos de legitimación

Organizaciones criminales ¿sin dinero?

Casas, carros y riquezas quedarían en manos de las autoridades si el imputado no puede comprobar su procedencia legalmente

Imagine por unos segundos a un narcotraficante sin casa, sin lujos ni vehículos, o a un evasor de impuestos sin su dinero. Eso es lo que pretenden las autoridades mediante un proyecto de ley que despojaría de los bienes de dudosa procedencia a sospechosos durante investigaciones judiciales.
Se trata del proyecto de extinción de dominio que obligaría a un imputado por fraude, narcotráfico o lavado de dinero a comprobar cómo compró sus posesiones y de dónde proviene el dinero; si la persona cuestionada no logra demostrar todo, entonces esos bienes quedarán como pruebas para la policía judicial y los fiscales.
La figura de capitales emergentes contemplada en la ley contra el crimen organizado permite despojar de riquezas de dudosa procedencia a una persona que no pueda probar cómo las obtuvo; sin embargo, no existe claridad sobre qué se debe hacer con el dinero, las propiedades o los bienes, esto se regularía en el nuevo proyecto de extinción de dominio.
“No existe una figura más patética que un narco sin plata, sin lujos, sin propiedades, sin nada de nada, quitarle todo lo que no pueda comprobar con dinero limpio sería un golpe fuerte para ellos y ayudaría en las investigaciones”, afirmó Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Comprobar si existe legitimación de capitales es un gran reto principalmente porque cuando se requieren pruebas de otros países se presentan muchas trabas para obtenerlas.
La ley de extinción de dominio permitiría que las investigaciones por legitimación tomen otro ritmo y pondría a disposición de fiscales y policías judiciales una serie de pruebas, básicamente es quitarle al crimen organizado su capacidad operativa.
Por ejemplo, si una persona es denunciada por presunto lavado de dinero o porque de forma dudosa se enriqueció en los últimos años las autoridades pueden tomar este caso una vez que llega a la Fiscalía.
Inician la investigación y solicitan a un juzgado de extinción de dominio que le pida al sospechoso que compruebe con facturas y datos contundentes cómo obtuvo el dinero para comprar todos sus bienes.
Las casas, propiedades, carros o negocios que no puedan ser probados de forma veraz ante las autoridades quedarán retenidas para la investigación y servirán como prueba.
Esto abriría otro proceso tributario para indagar si la persona cuestionada incurrió en algún delito fiscal, este proceso se puede dar con denuncias por capitales emergentes, el tema de fondo es cómo debe administrar el Estado todo lo que se decomisa al crimen organizado.
El objetivo del proyecto de extinción de dominio una vez que sea aprobado y entre en vigencia es cerrar el círculo de acción de quienes se dedican a actividades como el narco o el lavado, con el objeto de que sus propias riquezas se conviertan en sus principales enemigos.
Para poner en funcionamiento este sistema se necesita la creación de juzgados de extinción de dominio que por medio de resoluciones rápidas y bien fundamentadas permitan congelar cuentas y retener bienes.
La propuesta está en la fase del borrador del proyecto de ley, la iniciativa es elaborada por el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio Público, y se espera que en los próximos tres meses llegue a la Asamblea Legislativa para ser aprobada por los diputados como una necesidad para combatir el crimen organizado en el país.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net