La Sala IV declaró que MTC podría construir la cárcel en Pococí, pero no, como empresa privada, manejar los programas de rehabilitación de confinados, parte principal de la concesión

Las cárceles, crisis de hacinamiento

Cada vez hay menos habitantes que reportan haber sido robados o asaltados en los últimos meses según la CID/Gallup; la Presidenta Laura Chinchilla prometió en campaña que reduciría la delincuencia y todo indica que ha cumplido. Pero el éxito en la lucha contra el crimen implica que más malhechores no están en la calle si no en la cárcel, creando una crisis de hacinamiento; las cifras más recientes revelan que la sobrepoblación penitenciaria es de 356%.
Ahora los jerarcas judiciales están alarmados, ¡¡y con buena razón!! Buscan desesperadamente por una solución. Existe un problema potencial de derechos humanos que urge respuesta. Una que han propuesto es liberar a una proporción de los reos, colocándoles un brazalete, y ha desatado alarma entre los ciudadanos. Está claro que el brazalete permitiría ubicar al que lo porta, pero no limita su capacidad de delinquir.
El problema del hacinamiento no es culpa de la Presidenta Chinchilla si no que es algo creado por la Sala IV en otro aporte a la ingobernabilidad del país. El mismo poder judicial ahora vive las consecuencias de una decisión de los magistrados de esa sala en 2009 cuando, después de dos años de deliberaciones, detuvieron la construcción de una cárcel ultramoderna para 1.200 reos en Pococí.
La cárcel, a construirse bajo el régimen de concesión, ya había sido adjudicada a la empresa Management and Training Corporation (MTC). Esta había logrado pasar la tramitología —ganar la licitación, superar apelaciones, tener permisos de SETENA y el refrendo de la Contraloría, estaba en posesión de contrato firmado y tenía financiamiento propio. Solo quedaba el sacerdote de Pococí y unos pocos seguidores de ese luchando en contra, cuando a un ministro del gobierno de Abel Pacheco se le ocurrió llevar el proyecto a la Sala constitucional.
Además del problema del hacinamiento carcelario, el resultado más aparente de la decisión es que Costa Rica ahora probablemente tendrá que pagar $20 millones a MTC. Pero también preocupante es la situación del gobierno, que ha ganado reputación internacional de no ser confiable. Ahora cuando publica licitaciones encuentra dificultades para hallar empresas dispuestas a participar. La lista de compañías que han participado en licitaciones y firmado contratos con el gobierno solo para ser avisadas después que no procede, es amplia y con las indemnizaciones que probablemente habrá que pagar podrían haberse construido carreteras, escuelas, cárceles y todo tipo de infraestructura.
En honor a la verdad hay que señalar que la Sala IV declaró que MTC sí podría construir la cárcel en Pococí, pero no, como empresa privada, manejar los programas de rehabilitación de los confinados, que era la parte principal de la concesión según el cartel.
¿Será posible que en el futuro cuando el Poder Ejecutivo saque un proyecto a licitación que tendrá que primero pasarlo por la Sala IV, igual como pasa con los proyectos de ley vistos en la Asamblea Legislativa?

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com
 

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