Cuando los abusos de autoridad no son frenados a tiempo, nadie está exento de ser víctima de arbitrariedades, atropellos y desafueros

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Irrupción en el Congreso

La irrupción en el Congreso por parte del Fiscal General es un acto de irrespeto al Primer Poder de la República, que afecta no a un diputado sino a la institucionalidad, que desdibuja, una vez más, la frontera entre los Tres Poderes sobre los cuales descansa la democracia en nuestro país.
Y digo una vez más porque ya en el pasado, y en dos oportunidades, he denunciado la forma ilegal como mis teléfonos han sido intervenidos o rastreados sin la orden expresa de un juez, tal y como lo manda la ley, misma a la que el señor Fiscal debe adherirse.
No tengo nada que ocultar y creo haber sido objeto de la más despiadada investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes se han tenido que rendir ante la evidencia. Recién la semana pasada, recibí una notificación de un juez que dos años después confirma que no existía evidencia alguna para implicarme en un supuesto tráfico de influencias. Por dos años se investigó una denuncia anónima y peor aún se rastrearon las llamadas de cuatro miembros de los Supremos Poderes, sin que mediara orden de un juez o el levantamiento de la inmunidad.
En mi caso solicité información sobre el supuesto delito que se me imputaba y nunca recibí respuesta, nunca vi una orden de un juez y nadie pidió el levantamiento de mi inmunidad.
La leyes son igual para todos, los diputados no estamos por encima de la ley, pero tampoco por debajo de ella. Somos ciudadanos de un país en el que rige un Estado de Derecho que nos garantiza a TODOS, una justa aplicación de la ley, apegada a las normas y procedimientos que la misma ley prevé para evitar abusos de autoridad.
La molestia de los diputados no es porque se haga una investigación, todos debemos rendir cuentas, pero el Fiscal no puede simplemente arrogarse el derecho de violar la inmunidad de un diputado e irrumpir en su oficina aludiendo que el Presidente le dio permiso.
El Presidente por su parte no es jerarca de sus iguales, sus funciones como Presidente del Congreso, están claramente estipuladas y permitir se viole la inmunidad de un colega no está entre ellas.
En contra de la ley, uno de los cuatro oficiales armados que se hicieron presentes, entró a la oficina del diputado Céspedes junto con el Fiscal y otros oficiales, provocando temor entre las secretarias, al momento de secuestrar el CPU.
No hace mucho el Poder Judicial desfilaba indignado frente al Poder Legislativo, por el hecho que 38 diputados y diputadas habían ejercido su derecho de no reelegir a un magistrado. Ahí no existió un abuso de poder, ni una intromisión de poderes, pues la Constitución otorga esta potestad a los miembros del Congreso.
En el caso que nos ocupa, sí existe una clara violación e intromisión pues no se siguieron los procedimientos marcados por la ley. Las resoluciones con las que el Fiscal pretende justificar su acción no existen y claramente no entiende la diferencia entre una oficina pública, y la oficina de un miembro de los Poderes Supremos cubierta por una inmunidad.
Esta inmunidad no es para proteger de un delito a nadie, es para garantizar que un diputado o diputada puedan ejercer el control político sin temor o amedrentamiento de ninguna especie. Si un diputado comete un delito, está previsto el procedimiento para levantarle la inmunidad para que sea juzgado, inmunidad no es sinónimo de impunidad.
En las computadoras de este diputado existen investigaciones sobre casos como La Trocha, en las que debe proteger la información sobre las cuales se sustenta la denuncia.
Se tiende a censurar sin medir la verdadera dimensión de lo ocurrido, por ello hay que redimensionar los hechos y preguntarle a usted, estaría de acuerdo con que su vecino dé permiso para que entren en su casa; le parece correcto que le escudriñen en su correo sin una orden de un juez, se sentiría cómodo que habiendo sido víctima de un anónimo, lo investiguen a usted, sin indicarle de que lo acusan, como un posible trasgresor.
Nadie, absolutamente nadie, incluyendo al diputado Céspedes, se hubiera negado al levantamiento de inmunidad, más aún, así como le pidió la computadora al Ministro, se la podía haber pedido al diputado, y ahorrarse el espectáculo.
Las relaciones entre los Poderes deben ser de respeto para garantizar la vida institucional; los abusos de poder, el amedrentamiento y las amenazas no son la mejor forma de servir a la verdad y la justicia.
La ciudadanía espera de nosotros, los miembros de los Poderes Supremos, ejemplo y madurez en el ejercicio de nuestras funciones.

Gloria Bejarano Almada
Diputada