Centro Fecundar y Costarricense de Fertilidad son atraídos

Interesa a inversores atender parejas infértiles

Surgimiento de clínicas en el país dependerá de las condiciones exigidas

Existe interés de clínicas privadas por ofrecer tratamiento de fertilización in vitro, a las parejas que lo requieran para tener hijos.
Ya incluso han solicitado el permiso al Ministerio de Salud.
Sin embargo, ante la falta de un reglamento para aclarar varios detalles de la forma como debería operar, la industria posterga su inicio de operaciones.

A la fecha existen centros médicos particulares con interés en empezar a brindar el servicio.
El Instituto Costarricense de Fertilidad y el Centro Fecundar son dos de las empresas, que estarían en disposición de incursionar en esta área de la medicina.
Si bien, el Centro Fecundar manifestó su interés de realizar la fertilización in vitro en el país desde el año anterior, no obtuvo luz verde.
La petición se hizo con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, al amparo de esta sentencia, la respuesta fue que no era posible dar el permiso por la falta de una normativa.
“Estamos en proceso de creación de esta regulación”, señala un oficio firmado por Daisy Corrales, ministra de Salud.
La Corte ordenó que el Estado debía adoptar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la fertilización.
Por su parte, el Instituto Costarricense de Fertilidad está a la espera de conocer la legislación para tomar una decisión definitiva.
El centro médico, que realizó este procedimiento entre 1994 y 2000, podría ofrecer el servicio en los dos meses siguientes una vez aprobada la legislación.
“Si la ley es como la de Panamá, entramos; si fuera limitada no porque no sería ético. Tendría que permitir que se ofrezca un 70% de posibilidad de embarazo como en Panamá, si no es mejor no hacerlo porque esto cuesta dinero”, explicó Gerardo Escalante, director del Instituto Costarricense de Fertilidad.
Otros de los puntos por analizar son si la ley permitirá preservar óvulos o no, así como si habrá transferencias futuras. La inversión inicial en el laboratorio se ubicaría entre $300 mil y $500 mil.
De momento, las parejas se ven obligadas a ir a Panamá u otros países para practicar el procedimiento, donde el costo ronda los $12 mil, incluyendo el gasto en viáticos y el procedimiento médico.
Actualmente, la Caja no tiene un plan funcional para aplicar esta técnica. Sin embargo, la institución recibió asesoría de un grupo de médicos hace seis meses para establecer las bases de una primera unidad.
“Yo le brindé asesoría a la Caja y seleccioné un grupo de compañeros ginecólogos del país y entre todos diseñamos una unidad. La razón de que hiciera eso es que las pacientes que no pueden tener hijos son incapacitadas reproductivas y yo considero que la seguridad social tiene el deber de arreglar ese problema”, dijo Escalante.
Si se echara a andar esta unidad con las especificaciones de los médicos, la Caja podría atender 4 mil parejas infértiles al año.
En este momento, el proyecto de ley que regularía el embarazo asistido depende de que el Poder Ejecutivo mantenga la convocatoria de la iniciativa y de que los diputados prioricen su discusión en la agenda, comentó Carmen Muñoz, diputada del Partido Acción Ciudadana e integrante de la Comisión de Asuntos Sociales.

María Siu Lanzas
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