Hacen falta tres para bailar el tango en la economía argentina

En tanto la inflación sigue subiendo y en el horizonte se vislumbran huelgas, los detractores del presidente de la Argentina Mauricio Macri afilan sus críticas a las políticas económicas del mandatario. Sin embargo, la verdad es que el nuevo presidente asumió su cargo con pocas opciones buenas –y mucho menos fáciles- y hasta ahora está sacando el mejor partido posible de ellas.

Cuando Macri pronuncie el muy esperado discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo, es previsible que se lo oiga hablar mucho de la “herencia” –palabra de moda que, en el contexto argentino, se refiere al descalabro económico que le legó su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner-. El legado de los Kirchner es realmente complejo, ya que abarca factores de largo plazo importantes como una infraestructura venida a menos, un sector público voluminoso e ineficiente y una educación pública rezagada. Pero las implicancias de su política de corto plazo podrían reducirse a un simple trilema: corregir el tipo de cambio, reducir la inflación y crecer.

En cuanto se eligen un par de estos objetivos, se ve cómo conspiran contra el tercero. Tomemos, por ejemplo, los primeros dos. La depreciación del tipo de cambio necesaria para levantar los controles y reactivar la inversión extranjera inevitablemente se traduce en un aumento de la inflación (de dos dígitos desde 2007 y artificialmente contenida en 26% en 2015 gracias al congelamiento de las tarifas y un ancla cambiaria que apreció el peso a los niveles anteriores a la crisis de 2001); a su vez, si se contiene la inflación, el banco central debería restringir la política monetaria (elevar las tasas de interés) para enfriar la demanda, induciendo deliberadamente una recesión. El gobierno podría, en cambio, elegir priorizar el desarrollo –decisión inteligente dada la importancia estratégica de las elecciones de mitad de mandato de octubre de 2017 y el estancamiento de la economía argentina en los últimos cuatro años-. Sin embargo, entonces sus opciones serían una vuelta a las dañinas políticas implementadas por los Kirchner, o una tasa de inflación más alta que durante el mandato del matrimonio (escenario que, en realidad es el más probable).

Ante este dilema, el gobierno parece haber elegido una solución intermedia: hacer un poco de cada cosa, gradualmente. Tal como se prometió, la eliminación del “cepo” (como se designa en el argot local a las restricciones cambiarias) fue inmediata pero selectiva: sólo se permitió el acceso libre a las divisas a los inversores particulares y a los nuevos flujos comerciales y de dividendos, dejando para más adelante la mayor parte de la demanda institucional acumulada. Como era previsible, esto llevó a una corrección repentina pero más bien suave del dólar de 9,7 a 15 peses en dos meses. Como también era previsible, esta corrección hizo subir la inflación mensual de alrededor de 2% en noviembre a cerca de 4% en diciembre y enero. Y la inflación probablemente sea de esa misma magnitud en febrero, cuando se sienta todo el impacto de la reciente eliminación de los subsidios a la electricidad. Simultáneamente, el nuevo presidente del Banco Central elevó la tasa de interés de 29% a 37,5%, aumento oportuno pero lejos de ser drástico dado el pico de inflación que se produjo poco después.

Centrándose en los objetivos individuales, los críticos en general sostienen que el gobierno se ha quedado corto en todos los frentes –aunque, a 15 pesos por dólar, el ajuste del tipo de cambio está cerca de la meta-. Además, para el público general, podría parecer que los dos primeros meses de Macri volvieron a crear estanflación, esta vez aderezada con un mercado laboral más débil y una inflación creciente que podrían presagiar recortes de salarios y un fin prematuro de su luna de miel política.

No obstante, la verdad es que la herencia Kirchner no dejó muchas opciones. La inflación siempre fue inercial y alta (y, si las tarifas y el tipo de cambio se hubiesen movido con la inflación, habría sido superior al 2% que la gente vio). Y el pass-through o efecto transmisión de la devaluación, si bien es más alto que en los países vecinos, sin embargo alcanzó sólo el 20% (la tasa de inflación subió 10 por ciento mientras la moneda se devaluaba alrededor de un 50%). Eso es aproximadamente la mitad del pass-through asociado a la devaluación de 20% de enero de 2014.

Macri se enfrenta al mismo tipo de limitaciones en materia de tasas de interés: la baja reciente podría interpretarse como un descuido de la inflación, pero cualquier aumento podría afectar una demanda interna ya en contracción. Y, si bien un tipo de cambio más depreciado podría fomentar la inversión extranjera directa, su efecto en la balanza comercial no sería tan virtuoso: es más probable que comprima las importaciones que que promueva las exportaciones, que son sumamente inelásticas (materias primas) o regionales (dirigidas sobre todo a un mercado brasileño que se está desmoronando). Para no hablar del costo de un peso más depreciado en lo que hace a la inflación y las interminables especulaciones sobre nuevas devaluaciones.

Inesperadamente, este gobierno está mostrando una bienvenida sensibilidad gradualista en el frente fiscal, la evidente variable residual del trilema. Al no tocar el gran déficit fiscal, con la esperanza de que un rápido acuerdo con los holdouts reabra el acceso al financiamiento internacional, el gobierno parece reconocer que su destino político depende de reactivar el crecimiento y crear empleo.

¿Y ahora qué? En el aspecto positivo, el gobierno probablemente llegue a un acuerdo con los holdouts, lo que debería moderar la presión sobre el tipo de cambio y ayudar a pagar la factura fiscal. En el aspecto menos positivo, marzo abre una compleja negociación salarial en un contexto de inflación que es a la vez volátil e incierto (un nuevo índice de precios al consumidor creíble tendrá que esperar otros dos meses), ya que los sindicatos harán demandas que en parte se cubrirán con recursos fiscales, bajo la forma de deducciones al impuesto a las ganancias y asignaciones familiares más altas.

Con la reapertura de las sesiones parlamentarias, marzo también traerá una prueba de fuego: la capacidad del gobierno para reunir, a través de la persuasión moral y fiscal, los votos opositores necesarios para aprobar medidas clave, como el pago propuesto a los holdouts. Y por último pero no por eso menos importante, con el interminable ajuste contractivo de Brasil como recordatorio aleccionador, está la inminente amenaza de recesión que hace aún menos probable la austeridad fiscal.

Hasta ahora, el gobierno se ha enfrentado a la herencia de la última década de la Argentina logrando un delicado equilibrio entre las limitaciones económicas y las políticas y sobre todo resistiéndose al atractivo tecnocrático de terapias de shock que pueden tener un alto costo político. Pero los próximos dos meses serán cruciales para evaluar si conservó suficiente capital político para hacer frente al reto constante de la Argentina: la búsqueda de un camino sostenible al desarrollo.