Si botar a alguien de un puesto en forma irregular puede ser llamado Golpe de Estado, perpetuarse en esos puestos de forma vitalicia debería entonces llamarse dictadura

---

Golpe o dictadura

Si botar a alguien de un puesto en forma irregular puede ser llamado Golpe de Estado, perpetuarse en esos puestos de forma vitalicia debería entonces llamarse dictadura.

La pretensión que tienen algunos magistrados de mantenerse en sus puestos más allá del tiempo para el cual fueron nombrados ha comenzado a ser punto de debate, a propósito de los recientes conflictos de poderes entre el Congreso, la Presidencia y la Corte.

Entiendo la posición de quienes defienden el quedarse allí de forma permanente: los jueces lo hacen, los fiscales lo hacen, todos lo hacen; pero las reglas, hasta ahora son claras... ocho años.
Para hablar de un nombramiento vitalicio, o al menos sin tope, se debe aceptar primero algo que hasta ahora nadie se ha atrevido a impulsar: una reforma integral del sistema judicial.
El último valiente que lo propuso —José Miguel Corrales— fue “botado” políticamente, al punto de su prácticamente desaparición. Por esa época se pusieron muy de moda críticas a la eficiencia del sistema, a los millones gastados en oficinas y una que otra crítica a la negativa propia de los magistrados a meter tijera a sus propias convenciones colectivas.
La idea de una reforma se disipó rápidamente, con la derrota de Corrales en las urnas.
Este olvido, este intento fallido, no debe pasarse por alto.
Ahora, aunque el cambio es pujado desde lo alto de los palacios de marfil de la Avenida 6, se deben tener en cuenta los adecuados pesos y contrapesos para alejar al sistema judicial de los venenosos aguijones político-electorales a los cuales se ha visto asediado en los últimos años; pero a la vez no convertirlo en un Estado aparte, con privilegios y leyes únicos.
Despolitizar la elección de los magistrados es un paso. Nombramientos con base en la trayectoria y el conocimiento podrían ser una buena idea, siempre y cuando estén a cargo de un órgano independiente (¿Servicio civil?).
Sin embargo, debe existir el mecanismo ágil, un procedimiento administrativo más eficaz que el actual, para sacar a quienes no merezcan estar allí. Si un juez es acusado de cambiarse de lado, no debe permanecer en el sistema por simples errores administrativos.
Del mismo modo es importante la rendición de cuentas.
No es posible que exista un Ministerio Público, con el doble de recursos que hace una década, pero que a la hora de tramitar acusaciones de corrupción o de cuello blanco, sea cada vez menos eficiente. Solo un 1% de los casos iniciados, lograron una conclusión, (en juicio, ya sea absolutoria o condena), el resto, se han quedado en el camino sin ningún avance (Décimo-octavo informe Estado de la Nación).
De cara a las próximas elecciones, sería interesante ver si aparece un nuevo valiente —un nuevo Corrales— que le tome la palabra a los magistrados. Y no solo a ellos, sino al pueblo, que ha comenzado ya a notar un progresivo debilitamiento del brazo de la justicia.
La idea, al final de cuentas, es evitar los golpes de Estado, pero también las dictaduras.

Luis Valverde
lvalverde@larepublica.net