Es un tema de salud pública (el manejo del gas licuado) y de derecho de defensa y protección de la vida. Y si las instituciones del Estado no sirven para cumplir con esa defensa. ¿Para qué sirven entonces?

Hablando Claro

Gas de fondo

En 2006 Bomberos atendió 740 llamadas y rescates por fugas hogareñas de gas. Seis años después —en 2012— la cifra se había cuadruplicado a 2.935 emergencias. En lo que va de este año que apenas contabiliza 36 días, ya superan las 500 atenciones.
Lo peor es que contamos tres víctimas mortales y varios heridos de extrema consideración. Lo que sucede con el suministro y utilización del gas en medio millón de hogares es un claro ejemplo de cómo, mientras se privatizan las inmensas ganancias de un negocio prácticamente duopólico en poder de una sola familia, se socializan las peligros inminentes de inseguridad y muerte que viven cientos de miles de familias costarricenses y atienden los bomberos.
La dolorosa situación de las víctimas mortales en Jacó, cinco años atrás, en Paraíso de Cartago en 2010 y de este enero en Alajuela, así como las miles de emergencias por fugas, han ido dejando cada vez más al descubierto una inmensa maraña de proteccionismo por un lado y de traslado de responsabilidades por otro, que es, por decirlo poco, perversa.
En el empeño por revertir el statuo quo que ha permitido por indolencia, incapacidad y Dios sabrá qué otras razones, mantener esta ominosa situación, la Asociación de Consumidores de Costa Rica y el Cuerpo de Bomberos han ido y venido, han recibido promesas de regulaciones y decretos, pero nada ha pasado.
Nada al menos hasta ahora, en que estando en un momento decisivo frente a la circunstancia de emergencias potenciales y reales todos los días y el temor creciente de las familias que —en la mayoría de los casos por ahorrar dinero en el consumo de energía— optaron por la opción del gas licuado, existe finalmente la posibilidad real de meter en cintura a estas empresas; las mismas por cierto que controlan todo el mercado centroamericano.
Ahora los diputados tienen la potestad de aprobar la ley marco de regulación del gas que por iniciativa popular presentó la Asociación de Consumidores y que está prácticamente lista para ser votada.
Siempre y cuando el mismo MINAET no termine disparándole a la iniciativa, llenando de mociones el proyecto pidiendo tributos y pretendiendo que se le trasladen sus expresas responsabilidades a otras instancias, como claramente ha pretendido hacerlo con la ARESEP.
El hecho incuestionable es que en esta deplorable situación ha imperado —no la pasividad— sino un absoluto desdén por el valor de la vida humana.
Y esta no es una pose dramática producto de la coyuntura. La situación del estado de evidentísimo deterioro de la inmensa mayoría de los cilindros de gas aluminio (en otros sitios están prohibidos de ese material) así como de las obsoletas e inadecuadas válvulas, es mucho más que un tema de defensa de derechos de consumidor. Es un tema de salud pública y de derecho de defensa y protección de la vida.
Y si las instituciones del Estado no sirven para cumplir con esa defensa. ¿Para qué sirven entonces?

Vilma Ibarra

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