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Tribunal frena caso polémico de Mallon Oil
Explotación petrolera en manos de Sala IV
Geólogos apoyan proyecto, mientras Presidenta se opone
La decisión de permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Norte y Caribe del país por parte de la empresa Mallon Oil, quedó exclusivamente en manos de la Sala Constitucional, después de que otro tribunal cedió este caso polémico.
Esto implicaría un atraso aún mayor en el proceso de definir la legalidad de este proyecto.
El Tribunal Contencioso Administrativo decidió por ahora lavarse las manos en el caso, en el cual Mallon alega que el Estado tiene que firmar el contrato de concesión petrolera, al haber cumplido ya con todos los requisitos.
No obstante, el Gobierno desde agosto de 2011, cuando decretó una moratoria por tres años para este tipo de proyecto, dijo que Mallon carece de los estudios ambientales necesarios.
Mientras tanto, el Tribunal se abstiene de estudiar el caso, hasta que la Sala IV determine, si la suspensión de exploración y explotación de hidrocarburos, es constitucional o no.
El tema de la constitucionalidad fue presentado a la Sala IV el 14 de diciembre del año pasado por el Colegio de Geólogos, entidad que aduce que la moratoria limita sus derechos de desarrollo profesional.
Si bien Mallon está a la espera del fallo de los magistrados, de no encontrar una respuesta positiva ni de la Sala IV, ni de los jueces del Contencioso Administrativo, como última instancia acudiría a un arbitraje internacional, con base en lo establecido en el TLC con Estados Unidos.
Por un lado, Mallon defiende que ha cumplido con todos los requisitos que dicta la ley, bajo la premisa de que solo se ha cumplido la fase de recolección y análisis de información, y para cumplir la segunda fase de exploración en campo y estudios de impacto ambiental se requiere que se firme el contrato.
Sin embargo, la presidenta Chinchilla aduce que sin estudios ambientales la concesión no puede quedar en firme.
Aunado a ello, en el decreto de moratoria se argumenta que el país no está preparado para supervisar el desarrollo de este tipo de iniciativas y que los beneficios que obtendría el país de este tipo de actividad serían desproporcionales con el costo ambiental y socioeconómico que representaría.
Otro argumento es que en el país no existe una normativa idónea para asegurar que no ocurrirá un derrame de crudo, como el que sucedió en el Golfo de México.
También se menciona que sería necesario obtener mayor información sobre el potencial energético nacional y actualizar el mapa geoquímico antes de negociar cualquier nueva concesión, pues la realidad nacional ha cambiado desde 1995, año cuando se estableció la ley General de Hidrocarburos.
Estudios preliminares de Mallon revelan que en el país se podría extraer hasta 25 millones de barriles de crudo al año. Con esta cantidad el país sería autosuficiente e incluso tendría sobrante.
Natasha Cambronero
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