Hay nuevo avance en servicios de telefonía celular. A la fecha, el país pudo haber adelantado mucho más de haber existido gestiones acertadas y transparentes de los gobiernos de turno

---

Existen derechos y se exigen deberes

Un nuevo paso adelante en el sentido de consolidar el modelo de desarrollo basado en un mercado abierto, se produce a final de este mes, cuando entre a regir la llamada portabilidad en los servicios de telefonía celular.
A partir de entonces, los clientes podrán elegir libremente su operador e incluso cambiarlo luego sin tener que perder su número. Una ventaja más para que los usuarios puedan moverse con total soltura hacia el proveedor que mejor les convenga, tomando en cuenta sus necesidades y el factor costo beneficio.
En realidad Costa Rica pudo, a la fecha, haber avanzado mucho más a partir de que aumentó su de por sí ya bastante abierta economía, mediante la firma de tratados comerciales. Habría bastado con una gestión acertada y transparente y con no descuidar la situación económica y de supervivencia de ciertos sectores productivos que no pudieron aprovechar los beneficios de la apertura comercial pues no fueron preparados para ello, oportunamente, por los gobiernos.
Como ha sido demostrado ya muchas veces a lo largo de la historia, en la mayoría de los casos no suelen ser los modelos de desarrollo los que fallan sino quienes los ponen en práctica.
En ese sentido, Costa Rica se ha estancado, no puede avanzar, pero no por falta de financiamientos o por deficiencias en recursos humanos, sino por una falta de visión para asegurar que todos los procesos se produjeran de forma transparente y obteniendo el mayor resultado de la inversión de dinero público.
Esto mantiene, como es lógico, muy disconforme a un sector de la población que busca otras alternativas, entre las cuales podría estar incluso el retorno a una mayor gestión estatal de diversos servicios, bajo el supuesto de que se haría bien.
La solución puede estar, sin embargo, en no postergar más la urgente necesidad de que las modernas herramientas actuales sean utilizadas por el gobierno y por las instituciones del Estado para transparentar completamente la gestión pública y que esta sea eficiente y de menor costo.
El uso de los dineros públicos (compras, contrataciones, planillas, etc…) ha de estar a la vista siempre de forma clara y completa mediante el sistema digital que para ello se ha creado y las más grandes inversiones deben ser consultadas con los diferentes sectores de la población antes de ser aprobadas.
Esto sería productivo y evitaría las constantes sospechas y recriminaciones por parte de los contribuyentes y de los sectores que se ven perjudicados por el uso que se hace del dinero. Las denuncias así lo evidencian.
Bienvenida pues la apertura comercial y una gestión de gobierno que no descuide a ningún sector productivo de la población, garantizando además salud, seguridad y educación universal.