David Gutierrez

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Martes 12 Junio, 2012


¿Es fácil hacer negocios en Costa Rica?


El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) iniciaron en 2002 un ambicioso programa de recolectar, analizar y tabular información para luego publicar un ranking de países en los que hay mayores y más complejas regulaciones de las áreas claves para poder hacer negocios. La edición de 2012 del “Doing Business” considera 11 indicadores claves en 183 economías del mundo. El objetivo es sencillo: proveer una base objetiva para entender y poder mejorar las regulaciones para hacer negocios alrededor del mundo.
En la región latinoamericana el informe muestra que Chile es el líder regional en facilidad de hacer negocios, ocupando el puesto 39 de la clasificación global. Chile mejoró este año con la adopción de licencias de operación temporales expedidas de manera inmediata y con el lanzamiento de un sistema electrónico de intercambio de datos de comercio internacional. Perú, en el puesto 41, fortaleció la protección de inversores, la apertura de empresas y el pago de impuestos. Colombia, en el puesto 42, hizo más fácil la apertura de una empresa, el pago de impuestos y la resolución de la insolvencia.
En Costa Rica hemos hecho algunas cosas muy bien, pero otras no tanto. Estamos ubicados en el puesto 25 en Latinoamérica (121 del mundo), por debajo de países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Panamá. Este último es el mejor ubicado en el reporte dentro de los países centroamericanos, cosa que ya no es novedad.
El mejor indicador para Costa Rica es el de facilidad para obtener electricidad y la facilidad para el registro de propiedad. Igualmente, tuvimos una enorme mejoría en el proceso para pagar impuestos. Claro, el Estado trabajó rápidamente en modificar y mejorar los procesos para que el dinero ingrese a sus arcas, no tanto en otras áreas.
Lamentablemente, seguimos rezagados, y empeoramos en el último año, en los procesos para empezar un negocio nuevo, obtener crédito y lidiar con el proceso de permisos de construcción. Todos estos indicadores impactan directamente la velocidad en la que una empresa podría generar empleos en un país que los necesita con urgencia. Es decir, ante necesidades urgentes de nuevos empleos, contamos con procesos para poder satisfacerlas que son lentos y engorrosos, no por culpa de las empresas sino del Estado. Parece que el interés del Estado es mejorar los procesos para lograr cobrar impuestos, aunque no avancemos en facilitar los negocios y, con ello, mover más la economía.
Llama la atención un par de indicadores: protección al inversionista en las empresas y cumplimiento forzoso de contratos. En estos, penosamente, estamos en los últimos lugares en América Latina. Procesos judiciales tediosos, larguísimos y caros, hacen que se nos vea con preocupación.
En conclusión, hay mucho por hacer. Algunos cambios requieren reformas legales, como las necesarias para proteger a los accionistas de una empresa. Otras, requieren reformas institucionales como las de agilizar los procesos judiciales y eliminar permisos. La mayoría, eso sí, requiere una reforma mental: pensar en que los negocios son buenos para todos.

David Gutiérrez