Mientras no tengamos transparencia y personas de gran probidad en la administración pública, tendremos inconvenientes que retrasan el desarrollo del país, independientemente del instrumento que se utilice para hacer las cosas

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El problema no es el modelo de concesión

Realizar obra pública por concesión no tiene nada de malo. Los inconvenientes surgen cuando el país no defiende adecuadamente sus intereses a la hora de firmar esos contratos y no le da luego el debido seguimiento a las obras.
En la firma de un contrato de concesión siempre hay dos partes interesadas: por un lado el posible concesionario, que es una empresa y como tal tiene fines de lucro.
Y por otra parte el gobierno, que ha de contar con el personal idóneo para que las cláusulas de la transacción procuren justo beneficio para el país, ya que está administrando fondos públicos.
Esto no es, quizás con algunas excepciones, lo que ha ocurrido en Costa Rica en materia de concesiones y por ello sectores de la población decidieron que debían organizarse para defender sus derechos al buen uso del dinero de los contribuyentes.
De no haber sido así, la carretera San José – San Ramón por ejemplo, se habría iniciado hace un año y a estas alturas no tendríamos ya las presas en el puente llamado “de la platina”.
Sin embargo, el contrato que se había firmado con la empresa brasileña OAS para que hiciera la obra fue cancelado por el gobierno anterior por fuertes presiones de quienes más usarían la carretera y que consideraban demasiado alto el costo del peaje que pagarían.
De ese modo, aquel gobierno tuvo que gastar una considerable suma de dólares de los contribuyentes para indemnizar a OAS por la ruptura del contrato. Eso es dinero que pagamos entre todos.
Lo que ocurre es que cualquier forma que se escoja para construir obra pública será un fracaso si no se realiza con total transparencia y a partir de contratos justos en donde ambas partes, gobierno y empresa privada, obtengan beneficios razonables.
Pero cuando se trate de obras de alto costo, las condiciones en que se firmará un contrato deberían ser públicas previamente. Esto evitaría cualquier problema y costo económico posterior.
¿Tendremos en algún momento un gobierno digital que mantenga todo ese tipo de informaciones (y muchas otras) a la vista de los costarricenses?
Mientras no tengamos esa transparencia y personas en la administración pública de gran probidad, es probable que tengamos inconvenientes que retrasan el desarrollo del país, independientemente del instrumento que se utilice para hacer las cosas.